Reconozco que no puedo escuchar los proyectos de pena de muerte sin sentir un estremecimiento profundo, mezcla de pena e indignación. Cuando hace pocos meses se empezó a hablar de pena de muerte para los violadores de menores si la violación iba seguida de muerte, tuve deseos de escribir o decir algo. No lo hice porque pensé que era mejor no avivar la discusión. Ahora, ante la reiteración del pedido ampliado, siento el deber de decir mi palabra sencilla y clara.
Comprendo el apasionamiento y la indignación que ciertos delitos como la violación de menores o los crímenes del terrorismo provocan y que esto exacerbe los ánimos, pero estoy radicalmente en contra de la pena de muerte, y quede muy claro que esta posición no supone en absoluto negar el derecho que la sociedad tiene a defenderse y la obligación del Estado de protegerla, pero la protección no legitima el medio utilizado que sería la ejecución del culpable. La sociedad no puede proteger la vida de las personas decidiendo matar a algunas de ellas. ¿No habrá otros medios para romper el engranaje de la violencia que el asesinato premeditado? Quien comete un delito debe ser sancionado de modo ejemplar, pero la finalidad del castigo es la recuperación del delincuente, por más lejana que esta pueda parecernos.
Son cada vez más numerosos quienes consideran la pena de muerte como un signo de no-civilización y como un abuso de poder y algo incompatible con la dignidad humana, no solo del reo, sino también de los que la ordenan y la ejecutan pues consideran que degrada tanto al Estado que recurre a ella como a la sociedad que la aplica. La persona culpable no debe recibir el derecho a vivir de otros que la juzguen digna de ello; este derecho le viene de más lejos. Ni la sociedad ni el Estado pueden disponer de la vida de una persona bajo el argumento de culpabilidad por grave que esta sea. El derecho a la vida es un absoluto y la pena de muerte es una de las formas de menosprecio de la vida humana.
Afirmar que la pena de muerte es disuasiva tiene más de imaginación que de análisis objetivo pues su abolición no guarda relación con mayor o menor índice de criminalidad. Si no es disuasiva, desde el punto de vista de la eficacia, no se justifica su vigencia. En los países que la han abolido no ha aumentado la criminalidad y, a la inversa, no ha disminuido en los que está vigente. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos tan proclive a aplicar la pena de muerte en algunos estados, incluso a deficientes mentales y con un índice de criminalidad muy elevado. La pena de muerte es contraria al sentido de la pena que es la recuperación del delincuente y puede decirse que es un residuo lamentable de una época en la que la justicia no sabía hacer otra cosa con el delincuente que matarlo. Una tristemente famosa sentencia de un juez inglés del siglo XVII decía literalmente: "Te condeno a la horca no porque has robado un carnero sino para que otros no roben carneros".
Hoy la conciencia de los derechos humanos ha evolucionado. Si bien en otro tiempo la esclavitud y la tortura fueron instituciones aceptadas por la ley, actualmente nadie osaría legalizarlas y me resisto a entender que sea cruel e injusto arrancarle un ojo al delincuente y no lo sea quitarle la vida. Aún cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos no la proscriba por razones políticas, considero que es una gravísima violación a un derecho humano tan fundamental como es la vida. Y esto aún cuando sea impuesta por un tribunal competente.
Pretender hoy ampliar las causales de pena de muerte es ir a contrapelo de la historia. El clima abolicionista es creciente, sobre todo en el mundo democrático. El fundamento más convincente para su eliminación es la falta de argumentos racionales para su vigencia. ¿Cómo justificar su ampliación, como se pretende entre nosotros? Hoy no se puede admitir el principio de retribución sin retroceder a la Ley del Talión. Pagar el mal con la misma moneda nunca será un signo de progreso y de civismo. Para algunos tratadistas la pena de muerte conserva en la conciencia colectiva algo de la concepción pagana de las religiones que admitían sacrificios humanos. A mi entender es un signo claro de involución y no significa justicia sino catarsis de una sociedad derrotada.
Por otra parte, el siempre posible error judicial y las continuas quejas contra nuestra administración de justicia nos hacen temer la objetividad de las sentencias en algo que es en sí mismo irreparable. No entro en las nefastas consecuencias que tendría el salirnos de la Convención Interamericana o Pacto de San José y de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy tan vilipendiada entre nosotros, porque otras voces más autorizadas ya han expresado las consecuencias que esto tendría para la ciudadanía.
No bastan los lamentos y la indignación para acabar con la tentación de recurrir a la pena de muerte; es necesario crear un estado de opinión permanente. Estos días he escuchado con estupor los argumentos más duros de taxistas, vendedores y otros, abogando por su implantación en nuestro país: "no merecen vivir, ¿para qué gastar en su manutención en las cárceles?, no cambiarán nunca", y otros etcéteras por el estilo. Si el ahorcamiento de Saddam Hussein no nos ha estremecido y no nos ha hecho reflexionar es que el afán mortícola en el Perú nos ciega e insensibiliza.
(*) Abogada. Ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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