Los errores en la lucha contra Sendero Luminoso diezman al Gobierno de Perú
La presión por la muerte de policías y militares tumba a los ministros de Defensa y de Interior
Humala afronta una crisis política amplificada por distintas protestas sociales a lo largo del país
Humala, el martes, de visita oficial en Japón. / T. YAMANAKA (AFP)
Los ministros de Defensa y de Interior de Perú,
Luis Otárola y Daniel Lozada, respectivamente, presentaron este jueves
su renuncia irrevocable en medio de la presión de la oposición en el
Parlamento para votar este mismo día una moción de censura
“por su comprobada incapacidad” en sus respectivas carteras: en el
último mes han muerto diez policías y militares a manos de la
narcoguerrilla de Sendero Luminoso, y una treintena fueron heridos.
La moción fue presentada hace una semana por 44 de 130 congresistas, y el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, había programado la votación para la tarde de este sábado, en un intento de jugar con las posibles ausencias por viaje o licencias en vísperas del día de la madre.
El malestar ciudadano por lo ocurrido en la lucha contra la subversión ha quedado plasmado en una encuesta nacional publicada hoy por el diario Gestión: un 62% cree que los miembros de Sendero Luminoso están ganando la lucha en el Valle de los ríos Apurímac y Ene. Se trata de una fracción de la narcoguerrilla financiada con el tráfico de drogas y liderada por los hermanos Víctor y Martín Quispe Palomino (alias José y Gabriel respectivamente) que ha ampliado sus acciones contra las fuerzas del orden en esa zona de la selva de Cusco, un lugar que dominan más que los militares.
El sondeo publicado por Gestión -elaborado por la agencia Datum- revela además que un 55% de consultados considera que el gobierno enfrenta sin mayor planificación al terrorismo. En la misma línea crítica que muestra la encuesta a los ciudadanos, en la moción de censura contra Otárola y Lozada se hacía alusión a la supuesta falta de liderazgo y estrategia que originó “graves negligencias de consecuencias irreparables: la muerte y el abandono de miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.
Desde el 9 de abril (cuando los senderistas secuestraron a 36 trabajadores del complejo gasífero de Camisea en la selva sur de Cusco) lo ocurrido en los operativos de rescate de los civiles y luego de policías y militares que cayeron o desaparecieron en la provincia de la Convención, mostró cierta imprevisión en el terreno y opacidad informativa por parte de los ministerios de Defensa e Interior.
El 2 de mayo, Dionisio Vilca, padre del ahora héroe nacional César Vilca, un suboficial de policía de operaciones especiales desaparecido dos semanas en la zona de combate con Sendero Luminoso, encontró por su propio esfuerzo, en un paraje de la selva, los restos de su hijo asesinado por los alzados en armas.
Vilca, un ciudadano de a pie que tiene un quiosco en Lima, decidió salir en busca de su hijo en vista de que los estamentos oficiales no le daban razón de su paradero. Llegó a la localidad de Kiteni el 25 de abril junto con el padre de Luis Astuquillca, otro suboficial de policía desaparecido desde el 12 en las operaciones de búsqueda de los secuestrados de Camisea.
Luis Astuquillca sobrevivió dos semanas a tres ataques de los subversivos y reapareció vestido de civil en la comisaría de Kiteni el 29 de abril, caminando, con una herida de bala en la pierna y otra en el brazo. En los dos últimos días fue ayudado por dos nativas de la etnia machiguenga, quienes lo alimentaron y lo encaminaron a un puesto de salud, pues él no sabía dónde estaba.
Uno de los aspectos que mayor crítica generó en los últimos días,
tanto en congresistas de oposición como voces disidentes del
oficialismo, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, fue que luego de que
Vilca encontrara los restos de su hijo, el ministerio del Interior
divulgó un comunicado atribuyendo el hallazgo a una “intensa y
prolongada búsqueda por parte de las fuerzas del orden”.
Desde entonces, analistas políticos y congresistas pedían públicamente la renuncia de los titulares de Interior y Defensa, pero el oficialismo se negó a hacerlo porque lo interpretaban como una victoria para Sendero Luminoso: incluso la primera dama Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, defendió esa postura -que la caída de los ministros sería un éxito para la narcoguerrilla- mientras que su marido permanecía en silencio.
El viernes pasado, el primer ministro Oscar Valdés respaldó a ambos ministros, pero tres días después, el martes, dijo que había puesto su cargo a disposición del jefe de Estado. Dado que el presidente Ollanta Humala estaba de visita oficial en Corea hasta el sábado, la vicepresidenta, Marisol Espinoza, jefa de Estado en funciones, recibió las cartas de renuncia de ambos ministros, pero no tenía atribuciones para aceptar la renuncia ni para designar a quienes los reemplacen.
Mientras transcurría esta crisis política en el país andino, cuatro lugares del país estaban afectados por bloqueos y protestas. En la costa sur (Arequipa), la carretera Panamericana permanecía cerrada por tercer día por miles de mineros informales; en la selva sureste, Madre de Dios, maestros tomaron por la fuerza locales estatales; y en Ancash (Casma) la carretera Panamericana norte fue bloqueada por agricultores opuestos a un proyecto minero. Por último, en la norteña La Libertad una vía permanecía obstruída por mineros informales que –como los de Arequipa– presionan al gobierno por cumplimiento de compromisos acordados en marzo.
La moción fue presentada hace una semana por 44 de 130 congresistas, y el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, había programado la votación para la tarde de este sábado, en un intento de jugar con las posibles ausencias por viaje o licencias en vísperas del día de la madre.
El malestar ciudadano por lo ocurrido en la lucha contra la subversión ha quedado plasmado en una encuesta nacional publicada hoy por el diario Gestión: un 62% cree que los miembros de Sendero Luminoso están ganando la lucha en el Valle de los ríos Apurímac y Ene. Se trata de una fracción de la narcoguerrilla financiada con el tráfico de drogas y liderada por los hermanos Víctor y Martín Quispe Palomino (alias José y Gabriel respectivamente) que ha ampliado sus acciones contra las fuerzas del orden en esa zona de la selva de Cusco, un lugar que dominan más que los militares.
El sondeo publicado por Gestión -elaborado por la agencia Datum- revela además que un 55% de consultados considera que el gobierno enfrenta sin mayor planificación al terrorismo. En la misma línea crítica que muestra la encuesta a los ciudadanos, en la moción de censura contra Otárola y Lozada se hacía alusión a la supuesta falta de liderazgo y estrategia que originó “graves negligencias de consecuencias irreparables: la muerte y el abandono de miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.
Desde el 9 de abril (cuando los senderistas secuestraron a 36 trabajadores del complejo gasífero de Camisea en la selva sur de Cusco) lo ocurrido en los operativos de rescate de los civiles y luego de policías y militares que cayeron o desaparecieron en la provincia de la Convención, mostró cierta imprevisión en el terreno y opacidad informativa por parte de los ministerios de Defensa e Interior.
El 2 de mayo, Dionisio Vilca, padre del ahora héroe nacional César Vilca, un suboficial de policía de operaciones especiales desaparecido dos semanas en la zona de combate con Sendero Luminoso, encontró por su propio esfuerzo, en un paraje de la selva, los restos de su hijo asesinado por los alzados en armas.
Vilca, un ciudadano de a pie que tiene un quiosco en Lima, decidió salir en busca de su hijo en vista de que los estamentos oficiales no le daban razón de su paradero. Llegó a la localidad de Kiteni el 25 de abril junto con el padre de Luis Astuquillca, otro suboficial de policía desaparecido desde el 12 en las operaciones de búsqueda de los secuestrados de Camisea.
Luis Astuquillca sobrevivió dos semanas a tres ataques de los subversivos y reapareció vestido de civil en la comisaría de Kiteni el 29 de abril, caminando, con una herida de bala en la pierna y otra en el brazo. En los dos últimos días fue ayudado por dos nativas de la etnia machiguenga, quienes lo alimentaron y lo encaminaron a un puesto de salud, pues él no sabía dónde estaba.
Mientras transcurre la crisis de Gobierno, cuatro zonas del país están paralizadas por bloqueos y protestas
Desde entonces, analistas políticos y congresistas pedían públicamente la renuncia de los titulares de Interior y Defensa, pero el oficialismo se negó a hacerlo porque lo interpretaban como una victoria para Sendero Luminoso: incluso la primera dama Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, defendió esa postura -que la caída de los ministros sería un éxito para la narcoguerrilla- mientras que su marido permanecía en silencio.
El viernes pasado, el primer ministro Oscar Valdés respaldó a ambos ministros, pero tres días después, el martes, dijo que había puesto su cargo a disposición del jefe de Estado. Dado que el presidente Ollanta Humala estaba de visita oficial en Corea hasta el sábado, la vicepresidenta, Marisol Espinoza, jefa de Estado en funciones, recibió las cartas de renuncia de ambos ministros, pero no tenía atribuciones para aceptar la renuncia ni para designar a quienes los reemplacen.
Mientras transcurría esta crisis política en el país andino, cuatro lugares del país estaban afectados por bloqueos y protestas. En la costa sur (Arequipa), la carretera Panamericana permanecía cerrada por tercer día por miles de mineros informales; en la selva sureste, Madre de Dios, maestros tomaron por la fuerza locales estatales; y en Ancash (Casma) la carretera Panamericana norte fue bloqueada por agricultores opuestos a un proyecto minero. Por último, en la norteña La Libertad una vía permanecía obstruída por mineros informales que –como los de Arequipa– presionan al gobierno por cumplimiento de compromisos acordados en marzo.
Con el conflicto vivo en las carreteras, en el
Parlamento se resolvió uno de los nudos de la actual crisis de Gobierno
con la caída de los responsables de Interior y de Defensa. Es el segundo
cambio de ministros en los primeros nueve meses de la administración
Humala. El presidente andino enfrentó su primera crisis política en
diciembre pasado debido a las discrepancias en su gabinete acerca de
cómo administrar las protestas causadas por Conga, un millonario
proyecto minero en la sierra norte. Ahora, al volver al Perú, Humala se
verá obligado a fijar una estrategia antisubversiva que no tenga saldos
tan delicados para el país y que no agiten tanto su mandato. Y a fin de mes tendrá que hacer frente al anunciado paro en la región de Cajamarca por el proyecto Conga.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/11/actualidad/1336703527_716335.html
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