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En el Chaco boliviano, que abarca los sureños departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, desde hace varias décadas, cientos de familias guaraníes que residen en esta región, viven bajo un sistema de servidumbre y semiesclavitud basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo familiar. Estas personas, pertenecientes a las llamadas comunidades cautivas, realizan en haciendas trabajos forzados por más de doce horas diarias, sin pago alguno o acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad, la libertad de movimiento y a la propiedad de la tierra. La comunidad guaraní, la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, actualmente cuenta con una población de 170 mil personas, de las cuales más de mil familias viven empadronadas en situación de esclavitud por hacendados de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca; Gran Chaco y O'Connor, de Tarija, y en la cordillera en el Alto Parapetí, en Santa Cruz. "Es una vergüenza que en la Bolivia del siglo XXI siga existiendo la esclavitud", opina el Capitán Grande del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Efraín Balderas, al lamentar que todavía existan comunidades cautivas de su pueblo en al menos cinco provincias de tres departamentos del país altiplánico y que en su conjunto abarcan a 15 municipios. Balderas, alto y de tez morena, es un líder indígena que hasta su adolescencia trabajó como peón en una de las haciendas chuquisaqueñas bajo un régimen de explotación laboral. Pero que tuvo la suerte de estudiar y conseguir a través de la educación esa libertad que cientos de familias de su pueblo aún anhelan. La situación de los guaraníes en el sur de Bolivia es vista con preocupación por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La realidad La cifra concreta del número de guaraníes en el Chaco boliviano es diversa, y lo es más la de aquellos que están en situación de esclavitud. Lo cierto es que, sin duda, sus vidas son muy precarias y las relaciones laborales con los dueños de las haciendas en las que trabajan, aún en contra de su voluntad, son poco claras ya que los pagos en su mayoría se hacen en especie y no en dinero, con cuentas que se transmitían de generación en generación. Estos indígenas y sus familias trabajan más de doce horas diarias sin recibir salario, sino retribuciones irregulares en especie. Rogelio Molina, empleado de la hacienda Iguembito, ubicada en el municipio de Huacareta, en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, cuenta que tiene "treinta y tres años" trabajando "para Federico Reynaga (propietario), como mi padre trabajó para el padre del hacendado".
Los llamados "ajustes" son el resultado de la suma en la que se consignan ítems como "adelantos" o "pedidos" de víveres para comer, que por lo general arrojan cifras rojas para los empleados guaraníes, por lo que terminan con deudas en lugar de ganancias. Y es que los términos laborales que se conocen obedecen a "arreglos" por un pago jornal incomprensiblemente saldado una vez al año. Situación que no sólo varía de acuerdo con la hacienda, sino de acuerdo con condiciones de género y etarias: las mujeres ganan la mitad que los hombres, y los niños y los ancianos la mayor parte de las veces no ganan nada. Fortunato Silva y Victoria Méndez, padres de ocho hijos, por su parte reciben por sus faenas uno o dos kilos de arroz en la hacienda de Crispín Pérez, también ubicada en Huacareta. En Chuquisaca, donde hay más casos de guaraníes esclavizados, asombrosamente se reproduce una situación que se creía desaparecida. Y es que hay reportes de que los trabajadores reciben latigazos si no cumplen con su tarea. Si bien esto no es generalizado, existen casos documentados con vídeos que sí ocurren. Algunos "cautivos", incluso, duermen en galpones y no pueden salir de la hacienda. "Los patrones prohiben que las familias que viven en sus haciendas se comuniquen con organismos y les coartan la educación o las condiciones sanitarias mínimas", denunció Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca , quien denunció la "violación de los derechos humanos" que viven numerosas personas de su comunidad y explicó que el 90 por ciento de esta población es analfabeta. Precisamente, el analfabetismo es la principal causa del sometimiento de los hacendados sobre los indígenas guaraníes, ya que, al no saber leer ni escribir, no sólo están impedidos de acceder al conocimiento e información sobre sus derechos, sino que tampoco pueden ejercer ningún control sobre sus cuentas y libros de deudas que son llevados por los patrones. Al analfabetismo se suma el desconocimiento de sus derechos que les asiste y no les permite deliberar con el patrón sus condiciones laborales, ni ninguna otra situación que les afecte. Las condiciones precarias de trabajo y —por consiguiente— de vida de familias guaraníes sometidas a una situación laboral signada históricamente por el abuso y por la marca de la servidumbre y el patronazgo, que las ha hecho cautivas en su propia tierra, son prácticas aún vivas en el Chaco boliviano, como si el tiempo, y la modernidad, nunca hubiera pasado por esas tierras. Esclavos desde la infancia La esclavitud en el Chaco también se extiende a los niños. Las niñas comienzan como domésticas en las haciendas y luego se quedan como cocineras, mientras que los varones inician como mozos de mano, es decir, realizan mandados menores para los hacendados y luego, de grandes, trabajan la tierra. En la mayoría de los casos, no reciben pagos por sus trabajos. La "crianza" de los niños implica el inicio temprano de la faena en las haciendas, como Virginia Parare, hija de trabajadores de la propiedad Iguembito, en Chuquisaca, quien comenzó de niña como doméstica y a los 15 años se volvió cocinera. Un ejemplo más evidente es el de Rosi Silva, empleada de la hacienda Voyguazú, de Juan Ortiz; ella y su hermano menor fueron "cedidos al patrón": "Mi mamá nos ha entregado a los dos, mi hermano se ha quedado con el patrón y tiene 12 años". Al ser consultada sobre si desean salir de la hacienda comento, con un aire de desesperanza, que "él también –al igual que ella– quiere salir pero no lo dejan, él quiere estudiar". Y es que la escuela está prohibida para estos infantes, así como salir de las haciendas. La situación jurídica de los niños y menores de edad es incierta, pues muchos se encuentran sujetos a los patrones mediante inciertos nexos de padrinazgo. En muchos casos, los guaraníes se dirigen al hacendado como "papi" o "mami", y muchos de ellos, según estudios ejecutados por el despacho de Justicia, llevan el apellido de los patrones. "Yo les he criado, su papá y mamá han muerto, y se han quedado con nosotros", explica Humberto López, propietario de la hacienda El Vilcar, quien aseguroo que ésa es la razón de que tenga una familia de guaraníes a su servicio. Las relaciones de servidumbre se difuminan con las relaciones de parentesco: "Ya me he acostumbrado a ellos (a los patrones) como papá, como mamá, como abuelitos", comentó Eriberta Montes. "Aquí nomás me quedaré con los abuelitos hasta que se mueran", añadió resignada la guaraní que creció en la hacienda y que ahora tiene seis hijos, que tal vez sean otro eslabón más que perpetúe el trabajo de su madre y sus abuelos. Sin embargo, la amabilidad del trato entre empleador y empleado tiene límites concretos, cuando se ve el lugar donde Eriberta y sus pequeños duermen: en un patio trasero de la hacienda donde los cueros de oveja les sirven de camas. Con el tiempo el mundo de los niños es igual al de los adultos. Pero lo más asombroso, es que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos, según denunció Justo Molina. Telesur
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Con el tiempo el mundo de los niños es igual al de los adultos. Pero lo más asombroso, es que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos, según denunció Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, quien defiende los derechos de los guaraníes. 
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