Las otras religiones piden paso en España a Zapatero

Musulmanes, protestantes o budistas captan nuevos conversos y rompen el monopolio católico en España - El Gobierno promete ahora atender mejor sus derechos

JUAN G. BEDOYA 09/05/2008

El monopolio del catolicismo se ha roto en España. Otras confesiones empiezan a alcanzar cifras que ya no son marginales: un millón y medio de musulmanes (el cuarto país de la UE); 1,4 millones de protestantes, y cientos de miles de budistas, judíos, mormones, testigos de Jehová y de otras muchas creencias. La vicepresidenta el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció anteayer la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, para atender mejor a los derechos de estas confesiones y amortiguar la discriminación que sufren con respecto a la Iglesia católica en materias como financiación, enseñanza religiosa en las escuelas o protección jurídica de sus lugares de culto.

En 2006 se oficiaron 313.262 bautismos, 5.000 menos que cuatro años antes

Los budistas son la última confesión con título oficial de "notorio arraigo"

España es el cuarto país de la UE en número de musulmanes

La mayoría de los derechos no se han desarrollado 15 años después

Al pastor protestante Juan Antonio Monroy le pusieron una pistola en la frente por negarse a hincar sus rodillas en el suelo durante la misa de jura de bandera como forzado militar del Ejército franquista. "Te arrodillas, Monroy, o te mato", le gritaba un capitán. El soldado Monroy no se arrodilló. Cuando la libertad se asentó en España, Monroy presidió la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede). Había nacido en Marruecos, en 1929, de padre francés y madre española, y se convirtió al protestantismo en 1951.

Decenas de miles de bautizados católicos han seguido el camino de Monroy desde la muerte del dictador. Antes había sido imposible, hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965). La Conferencia de Metropolitanos, que es como se llamaba entonces la Conferencia Episcopal, emitió en 1948 una pastoral de protesta por la "relajación" del régimen ante "el proselitismo protestante". "Error de la libertad de cultos", titulaba la pastoral, enviada al caudillo Franco. Le recordaban que era su principal deber "el vigilar por la pureza de la fe", y que "la tolerancia de cultos no es una cuestión meramente política, sino dogmática y de derecho público".

La Iglesia católica ya no es la oficial del Estado, pero sigue siendo hegemónica. En 2006 sacramentó con el bautismo a 313.262 personas, la inmensa mayoría niños de menos de un año. Fueron 5.000 menos que en 2002, pero las estadísticas indican que más del 95% de los nacidos aún pasan por la pila bautismal de sus iglesias.

No todo bautizado puede contabilizarse como católico. La mayoría de los ateos recibieron el sacramento, y muchos dirigentes de las religiones de notorio arraigo (protestantes, musulmanes, judíos, mormones, budistas y testigos de Jehová) son conversos de la Iglesia romana.

Es el caso de José María Baena, Mariano Blázquez o Pedro Tarquis, dirigentes protestantes. Sus conversiones no se produjeron por rechazo. Blázquez estudió con los salesianos y era de misa diaria, hasta que un día perdió la fe. Baena flirteaba con la cultura hippy. Otro día, el primero a los 15 años, el segundo a los 19, y Tarquis a los 23, conocen a jóvenes protestantes que les retan a buscar otros caminos. Y se convierten. Encuentran en los evangélicos "cercanía, sin el ahogo de jerarquías". Otros son protestantes por tradición familiar. Es el caso de Daniel Rodríguez Ramos, desde febrero pasado presidente de la Ferede, evangélico de quinta generación.

En España hay 2.600 congregaciones evangélicas, de las que 2.110 están en la federación que impulsó el valeroso soldado Monroy. Eso suma 1,4 millones de protestantes. Unos 800.000 son extranjeros comunitarios (jubilados alemanes o nórdicos, y trabajadores de multinacionales), o de Latinoamérica.

Lo mismo ocurre con los musulmanes. España es el cuarto país de la UE en número de fieles de esta confesión, con un millón y medio (500.000 hace sólo 10 años). La mayoría procede de la inmigración, sin olvidar las poblaciones de Ceuta y Melilla y la generación de los nacidos en España. Existe un importante número de conversos, unos 50.000, entre otros los dirigentes Mansur Escudero, Abdennur Prado y Yusuf Fernández, bautizados católicos como Francisco, Ignacio y José, respectivamente.

La conversión de Escudero fue política. "Cada converso tendrá un motivo, o varios, en su camino hacia el islam", señala. El suyo es "muy generacional". Había estudiado con los jesuitas, interno, y era de familia de comunión diaria. Un día empezó a disgustarle la Iglesia católica. "Por su relación con la dictadura y con la peor cara del poder, y por la irracionalidad de sus doctrinas".

El Ministerio de Justicia tiene registradas 539 entidades islámicas. 220 están integradas en la Unión de Comunidades Islámicas (UCIDE), que preside el imán Riay Tatary. Junto con la Federación de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), forma la Comisión Islámica (CIE), el órgano de interlocución con el Estado. Al margen de la CIE se han creado nuevas federaciones, como la Federación de Musulmanes de España (FEME) o la Federación Islámica de las Islas Baleares.

Como los protestantes y los judíos, la CIE tiene un llamado Acuerdo de Cooperación con el Estado desde 1992, que les reconoce una serie de derechos: protección jurídica de sus lugares de culto (iglesias, mezquitas o sinagogas); estatuto de los dirigentes religiosos (pastores, imanes o rabinos); asistencia a sus fieles en ejército, cárceles u hospitales; atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según sus ritos; enseñanza religiosa en las escuelas; beneficios fiscales; conmemoración de festividades; regulación de enterramientos y cementerios; sello de garantía de alimentos propios y su disponibilidad en los centros públicos, o participación en las comisiones encargadas de velar por la libertad religiosa. Quince años después, la mayoría de estos derechos no han sido desarrollados.

La actitud más crítica ante esos incumplimientos la tiene la Federación de Comunidades Judías. Esta confesión tiene en España 25 sinagogas y 10 rabinos. No hay censo de judíos españoles. Se calcula que suman entre 40.000 y 45.000, repartidos en 14 comunidades. Su máximo dirigente es Jacobo Israel Garzón.

Las tragedias de esta confesión en el pasado les hace precavidos. Es más, sus críticas a las autoridades se refieren a que "en numerosos actos públicos, y en ocasiones en la prensa, hay escritos, insignias y pancartas antijudías, sin que el Estado actúe de conformidad con la legislación vigente".

La comunidad judía "sufre el acoso de las violencias neonazi e islamista, y ha de consumir, en demérito de otras necesidades, gran parte de sus recursos en vigilancia y seguridad, que deberían estar garantizadas en un Estado de derecho", denuncian.

Tampoco ha sido un camino de rosas el reconocimiento de los Testigos de Jehová, por la tendencia de los españoles a considerar secta todo lo que no sea catolicismo romano. Los testigos ganaron la dignidad de iglesia de "notorio arraigo" en el Ministerio de Justicia hace apenas dos años. Suman 105.000 fieles, repartidos en 1.420 comunidades locales.

Disponen de 820 locales de culto, atendidos por 5.500 responsables, cualificados por sus años y experiencia para una labor pastoral. El término bíblico por el que se los conoce es ancianos, del griego presbíteros. Al frente de los testigos hay una junta administrativa de siete miembros. Su presidente es Alberto López Mayos.

También nuevos en el reconocimiento oficial de la categoría de confesión de "notorio arraigo" son los mormones, que es como se conoce a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El primer miembro español de esta iglesia fue Melitón Trejo, originario de Extremadura (1870). Trejo emigró a Utah (EE UU), donde ayudó en la primera traducción al español del Libro de Mormón: otro Testamento de Jesucristo.

Las posteriores conversiones de españoles ocurrieron en 1966, relacionadas con dos congregaciones norteamericanas que se reunían en sus servicios religiosos dominicales. La Ley para la Libertad Religiosa en España de 1967 (impuesta por Roma a los obispos tras el Vaticano II, y por éstos al general Franco, muy a regañadientes) dio paso a la organización de la llamada Rama de Madrid en febrero de 1968, con 40 personas, muchas de ellas esposas de militares estadounidenses.

Su legalización oficial se formalizó en octubre de 1968. Hoy suman 42.000 fieles, repartidos en 140 congregaciones. Su templo principal está en Madrid. Se construyó hace 10 años.

Los últimos en ser reconocidos por su "notorio arraigo", en el otoño pasado, son los budistas. Pese a su implantación centenaria en España y su fama mundial, la decisión en el seno de la comisión correspondiente del Ministerio de Justicia fue agitada. Y muy ajustada: nueve votos a favor, siete en contra y siete abstenciones.

Los primeros contactos de españoles con el budismo los tuvieron los misioneros jesuitas en Japón y China en el siglo XVI. De esa época son los informes emitidos por san Francisco Javier y, posteriormente, por el superior de la misión en Japón, Cosme de Torres. Califican al budismo de "religión predominante", y destacan sus características, como las largas meditaciones a que se sometían los monjes zen y lo difícil que resultaba "refutar sus argumentaciones".

En España, el primer centro de estudios se abre en 1977 en Barcelona, y pertenece a la orden Kargyupa del Budismo Tibetano, promovido por los maestros Akon Rimpoche y Kalu Rimpoche. En el año 1978 llega a Ibiza el lama Thubten Yeshe, maestro de gran carisma, que entusiasma a personas que nunca habían oído hablar de budismo. Enseguida empiezan a surgir centros de estudios de todas las tradiciones: Zen, Theravada, Escuelas tibetanas, Orden Budista Occidental, etcétera, y en numerosas ciudades de España: Ibiza, Alicante, Barcelona, Madrid, Valencia, Granada y otras. Existen también lugares de reunión y templos de los emigrantes chinos y japoneses que no se mezclan, por el momento, con los practicantes españoles.

Desde el año 1991 funciona la Federación de Comunidades Budistas de España. La preside Miguel Ángel Rodríguez Terno, de Zaragoza, y está formada por entidades registradas cada una de ellas de forma independiente como comunidades religiosas de todas las escuelas. Su carácter es administrativo: para representar ante la Administración a los grupos que deseen adherirse y reúnan los requisitos.

Budismo es una expresión acuñada en Occidente, como si el ismo fuese un algo a lo que es preciso adherirse. La realidad es que desde la antigüedad se le conoce como el Dharma de Buda, que significa el Camino o el Sendero que él enseñó. A las personas que siguen sus pasos se les denomina "estudiantes de dharma" o, simplemente, "estudiantes". Y los lugares de reunión se llaman "centros de estudio".

Es difícil cifrar cuántos budistas hay en España, tal vez unos 40.000, registrados en los centros de estudio. Si se cuenta los apuntados para recibir información sobre retiros, conferencias, enseñanzas o acontecimientos especiales, llegan a los 300.000.

La mayoría son españoles y proceden de la religión católica. Es el caso de Antonio Mínguez, que presidió la federación budista 14 años. La suya "no fue una conversión súbita, tipo 'he descubierto la verdad', sino de poco a poco". Buscaba respuestas y lo positivo de la vida, que no encontró en la Iglesia católica.

Fue también el caso de Amparo Ruiz, budista desde los 34 años. Buscaba pensamientos sin fisuras, que no remitieran a una fe en su definición católica (creer lo que no vimos). Hoy está en el centro budista de Canillas (Madrid) conocido como Thubten Dhargye Ling. Lo fundó en 2003 el lama Guese Tsering Palden.

Entre los conversos al budismo abundan profesionales liberales y, sobre todo, jóvenes estudiantes. Se alejan de la religión católica, en la que crecieron, "por el carácter rígido, jerárquico y solemne" de esta confesión.

No acaba aquí el capítulo de confesiones que crecen. Es el caso de los cienciólogos, reconocidos por mandato de los tribunales en 2007. Su líder, Iván Arjona, acaba de cumplir 27 años. O también los seguidores del coreano Sung Myung Moon y su Iglesia de Unificación. Destacan también las más tradicionales: los sijs, el hinduismo, los seguidores de Confucio, la sufriente Comunidad Baha'í, los Hare Krishna, la organización Brahma Kumaris, más otro centenar de organizaciones no registradas oficialmente.

Confesionalidad encubierta

Las confesiones con acuerdo de cooperación con el Estado y otras reconocidas oficialmente como “de notorio arraigo” recitan una letanía de quejas por lo que llaman “confesionalidad encubierta” (católica) de los sucesivos Gobiernos, sin excepción. Un ejemplo: existen 500 mezquitas registradas. La mayoría funciona en locales o garajes. Sólo siete son de nueva planta (dos en Madrid, dos en Marbella, una en Valencia, Fuengirola y Granada) por la dificultad para conseguir terreno y licencias municipales, o por las oposiciones vecinales. “Esas dificultades suponen una vulneración de la libertad religiosa”, reprocha Abdennur Prado.También hay una identificación de las instituciones con la Iglesia católica cuando se nombra a la Virgen de El Escorial alcalde mayor del municipio, o designando a la imagen de la Virgen de Peñaroya-Pueblo Nuevo generala del Ejército. Los funerales por las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid se celebraron por el rito católico en la catedral de la Almudena pese a que muchos de los fallecidos eran de otras religiones. Y el Gobierno actual juró su cargo ante un crucifijo, sin excepción.Para colmo de confesionalidad, abundan los ayuntamientos que precintan y clausuran mezquitas o sinagogas aplicándoles disposiciones de actividades molestas, insalubres o peligrosas, como a las peores discotecas, pese a ser lugares de culto. Pero el mayor signo de confesionalidad del Estado español, a la luz del día, tiene que ver con los dineros. “Con razón dice el vulgo que el dinero es muy católico”, ironiza un dirigente protestante.El Gobierno socialista ha presupuestado este año apenas 4,5 millones de euros para las seis religiones de notorio arraigo (las demás no tienen derecho a nada), pero con la condición de que no los destinen ni a culto ni al pago de imanes o pastores. En cambio, la Iglesia católica recibe 153,1 millones en 2008 para sueldos de sacerdotes (unos 20.000) y obispos (79). Y otros 4.500 millones para financiar a sus docentes de religión o las actividades de sus instituciones educativas, hospitalarias o de caridad.La Iglesia católica es, además, la única que tiene derecho a una asignación del Estado a través de IRPF (ahora el 0,7% de la cuota del declarante católico, un 34% más que hace un año). Eso no quiere decir que el católico financie a su confesión añadiendo ese porcentaje al 100% de sus impuestos, sino que es Hacienda quien detrae esa cantidad de los ingresos estatales.

Fuente: El Pais.com

Exigen al ministro del Interior explicar ingreso de la policía a UNMSM

Estudiantes piden explicaciones al ministro Luis Alva Castro por incidentes en San Marcos.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) exigieron al ministro del Interior, Luis Alva Castro, explicar quién autorizó el ingreso de la Policía Nacional al recinto estudiantil y detener a veinticuatro jóvenes.

Marco Trigoso, representante del tercio estudiantil de la Facultad de Derecho, dijo no entender la actitud de las fuerzas del orden cuando realizaban una "marcha pacífica" hacia la antigua Casona, ubicada en el Parque Universitario de Lima.

Indicó que los estudiantes buscan que el municipio de Lima reformule la construcción de un anillo vial, que incluye una pista aérea que ingresa a terrenos de la universidad.

"No estamos en contra del desarrollo urbano", agregó Trigoso en los exteriores de la sede de Seguridad del Estado, en la avenida España, donde se encuentran sus compañeros.

De otro lado, Jhon Prado- abogado de un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho- precisó que a los detenidos se les imputa el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios.

El letrado expresó que ha solicitado un reconocimiento médico para los universitarios, tras las denuncias que fueron reprimidos con violencia por los efectivos del orden.

Un numeroso grupo de familiares y amigos se hicieron presentes en los exteriores de Seguridad del Estado para interesarse por la situación de los detenidos, comprobó un reportero de RPP.

También llegó una delegación de la Defensoría del Pueblo encabezada por el doctor Eduardo Vega de la Adjuntía para los Derechos Humanos; así como el congresista de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano.

"Básicamente nuestra presencia es porque nos toca garantizar sus derechos fundamentales, a la integridad física, al derecho de defensa y a una investigación imparcial y adecuada", sostuvo Vega.

Informó que los detenidos ya han pasado por el examen médico correspondiente y en el término de 24 horas se determinará su situación jurídica, es decir si continúan detenidos o no.

(RPP)

Simon pidió a García acabar enfrentamiento con ONG

Simon precisa que no favorece al gobierno aprista.

Yehude Simon, presidente regional de Lambayeque, exhortó al mandatario, Alan García, enfriar la situación de enfrentamientos entre el Ejecutivo y los Organismos No Gubernamentales (ONG) que defienden los derechos humanos. Y en ese sentido les planteó sentarse a conversar. Por lo tanto, dice tener fe que se eliminará el “famoso” decreto supremo que permite a la Policía Nacional reprimir en las movilizaciones. “Su eliminación sería un avance importante en respeto a los derechos humanos”, destaca. Reconoce que el país carece de diálogo. “Todo el mundo asume su posición y se encierra en ella además de creer tener la verdad. “Lo que asumo es que tenemos que sentarnos a trabajar, juntarnos y hacer agendas comunes”. Derechos humanos no sólo tiene que ver con la lucha contra la violencia sino el respeto a las personas que comprende derecho a la alimentación, educación, trabajo y respeto a la libre opinión e ideología. (Víctor Barreno)
fuente: El Correo Chiclayo

Unidad latinoamericana frente a la crisis alimentaria

La cumbre de Managua propone medidas de emergencia

JUAN JOSÉ DALTON - San Salvador - 09/05/2008

No hubo unanimidad, pero sí consenso entre los líderes de 15 países latinoamericanos que se dieron cita en Managua (Nicaragua) el miércoles, en la llamada Cumbre sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria. Hubo coincidencias para declarar la emergencia, así como el fomento de la unidad regional, para hacer frente a una crisis de escasez y carestía de los alimentos, en especial de granos básicos, que amenaza a todo el mundo, aunque con consecuencias dramáticas para las naciones pobres.

La declaración final del encuentro propone a los Gobiernos incrementar la producción de alimentos destinando a la agricultura mayores recursos financieros y técnicos; también Venezuela, a través de su canciller, Nicolás Maduro, propuso un plan de siete puntos, en el que ofrece crear un “fondo agrícola-petrolero”, un banco latinoamericano de productos agropecuarios y la apertura de una cartera agrícola con un capital inicial de 100 millones de dólares.

Maduro también propuso la celebración de una cumbre de países latinoamericanos productores de petróleo, a fin de “buscar una fórmula petro-alimentos, para crear un fondo especial”, con el que se pueda afrontar tanto la crisis de la carestía de los combustibles como la de los alimentos. Se instó, además, a las naciones latinoamericanas a cobrar un impuesto a las líneas aéreas para financiar un fondo para la producción de alimentos agrícolas.

Reunión del ALBA

Éstas y otras propuestas serán analizadas a finales de mayo en México en una reunión que sostendrán los ministros de Agricultura y Economía, del Caribe, Centroamérica y Ecuador, así como Venezuela y Bolivia, que pertenecen —junto a Cuba y Nicaragua— a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Antes de la firma de la declaración de Managua, los representantes del ALBA arremetieron contra los países industrializados y culparon de la crisis al neoliberalismo, al libre comercio y al “imperio”, en alusión a Estados Unidos.

La declaración no fue firmada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien dijo tener “discrepancias conceptuales” con el texto, aunque aseguró que seguirá participando en las reuniones sobre seguridad alimentaria; por las mismas razones, el documento no fue suscrito por las cancilleres de México y El Salvador, Patricia Espinosa y Marisol Argueta, respectivamente.

A la cumbre asistieron los presidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Óscar Arias (Costa Rica), Manuel Zelaya (Honduras), René Préval (Haití) y el anfitrión, Daniel Ortega (Nicaragua). Además, participaron el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves; el vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo; la canciller de El Salvador, Marisol Argueta, y los ministros de Agricultura de Belice, Panamá y República Dominicana, Irving Contreras, Guillermo Salazar y Pedro Blandino, respectivamente.

Fuente: El Paìs.com

San Marcos pierde terreno - Cesar Hildebrandt

Como todo está en venta y todo “se pone en valor”, entonces va el rector de San Marcos –un ­anónimo labrado a lo largo de muchos años de impecable mediocridad– y le vende 28,000 metros cuadrados de universidad al jefe de la banda del SAT, que son esos que te asaltan con su robótica armada en Matusita, y un día, claro, los estudiantes se encuentran con agrimensores que pesan jardines y hombres con teodolitos que calculan los próximos cementos y volquetes que cargan arena y la evacúan en deposiciones de chirrido y tolva.

Entonces los estudiantes arman la bronca y el jefe de la banda del SAT, que también es el alcalde de Lima en sus ratos libres, ya no contesta el teléfono, igual que el rector que hizo el raro negocio, y en eso es que llega la policía (que embarra el general Salazar y despilfarra Luis Alva Castro, que es nuestro Javier Bardem haciendo de ministro del Interior de Macondo).

Y se arma la gorda, se vuelve a la edad de piedra, y hay policías contusos, estudiantes apaleados y dirigentes estudiantiles cazados en plena actividad y en pleno claustro, que en estos días apristas se respeta tanto como Martin Rivas respetaba el claustro de La Cantuta.

¿Pero por qué marrana idea un rector sanmarquino vende 28,000 metros cuadrados de un bien que no le pertenece? ¿Por qué el jefe de la banda del SAT, y alcalde cuando no está aceitando a sus “Arturitos” que ponen papeletas, incita ese comercio?

Muy sencillo: porque todo está en venta y hay que estar a la moda. Fenicia ha regresado y su flota ha anclado en el Callao. Y si entras a un bazar de esos que propone el Apra berlusconiada, lo primero que te ofrecen es una encuesta de la Universidad de Lima, con loreada de Benavente como yapa.

Se vende la selva con pájaros y lluvia, se vende el periodista hablando en oro, el puerto de Paita con su luna famosa, el muelle norte a plazos, y al contado los Wong que se vendían, a precio de remate el recurso de amparo, se vende la neblina de Huancabamba, a los chinos les vendemos las décadas que vienen, a los norteamericanos les vendemos nuestra partida de defunción como país-nación, al Vaticano la Caverna le vende la franquicia del miedo, la reventa se vende, se vende PPK que ya no debería andar de señora ofrecida (por las várices), los aires de los edificios se venden a Nextel, se vende la carretera que está por hacerse, se vende lo que Romero quiera, lo que los Wiese falsearon en Azángaro lo compró Toledo (que compraba sus diablos azules en Palacio), los denuestos se compran en la tele, Althaus vende somníferos hablados (un día podría morir de una sobredosis de sí mismo), los chilenos se han comprado seis Tarapacás, ocho Aricas y cuatro Antofagastas con su Evo incluido, el orgullo está con un letrero de alquiler-venta, el fujimorismo vende cadáveres que Raffo ha mejorado a imagen y semejanza, se vende padres viejos por la herencia, las sinagogas ya fueron compradas, Jauja ha vuelto pero para revenderse, la Segunda Guerra del Pacífico ya se vendió antes de perderse, el cielo es un milhojas que Rodríguez Larraín ya se tragó, “El Comercio” se ha comprado a sí mismo, el ­Apra vende el menaje de Haya, los comunistas se han privatizado, Tula Rodríguez se ha tercerizado, las oscuras golondrinas han visto vendidos sus balcones, García vendió a pagar en dos partes su memoria, Garrido Lecca se vende en 3D y hasta el mismo acto de vender ya es una venta (que lo diga Salmón con su “Peru Now”, que es como gritar que ahora o nunca salimos de la mercadería).

Eso es “poner en valor”, que es como los huachafos llaman al sencillo acto de vender. Y yo digo, humildemente, que “hay que poner en valor” a la Caverna y rematarla en las páginas de “Relax” de ese diario que es tan servicial que hasta sirve a las putas cuando ellas pagan (lo que es una prostitución a la inversa, como las subastas de Alva Castro). Porque si el Perú es un viejo almacén, como en el tango, y el perro del hortelano ya no es un obstáculo, ¿qué esperamos para limpiar el trastero? Pongamos “en valor” el Congreso y se lo colocamos a precio de ganga a alguna laguna de oxidación privatizada. Pongamos “en valor” el miedo, la hipocresía, la codicia, la insolidaridad, el racismo y otra vez el miedo y de nuevo el racismo y les juro que nos convertimos en potencia mundial.
Fuente: La Primera

Violenta represión a estudiantes de UNMSM

(1) Los enfrentamientos estuvieron a la orden del día entre alumnos y policías. (2) Los detenidos fueron llevados a la comisaría de la Unidad Vecinal No. 3. (3) Permanecieron alertas.
DATO Detienen a dirigentes Cerca de 30 estudiantes fueron detenidos y llevados a la comisaría de la Unidad Vecinal Nº 3. Entre ellos están Miguel Ángel Solís Mesanina, secretario general del Centro Federado, y José Carlos Medina Montes, ex dirigente de dicha organización.

Una pacífica manifestación estudiantil contra el by pass terminó en una batalla campal cuando la Policía decidió disolver la protesta. Efectivos policiales destruyeron muros para entrar al campus. Más de 30 heridos.

Lo que se inició como una protesta pacífica de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en contra de las obras del by pass de las avenidas Venezuela y Universitaria, terminó en ­una batalla campal entre ­alumnos y agentes de la Policía Nacional. Ya hubo choques en días anteriores, pero ayer las tensiones llegaron a una verdadera lluvia de bombas lacrimógenas que incluyó la represión policial al máximo, destruyendo muros de la casa de estudios decana de América, ­así como heridos y más de 30 ­alumnos detenidos.

Cerca del mediodía, la puerta Nº 3 de esa casa de estudios (ingreso a la Facultad de Derecho) fue escenario de una batalla con piedras, bombas lacrimógenas y gases pimienta. Pilar Santos, ex dirigente del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas (CFDCCPP), declaró a LA PRIMERA que los enfrentamientos fueron iniciados por los policías, quienes les impidieron realizar una marcha hacia el Congreso, con la finalidad de presionar al alcalde de Lima, para detener las ­obras que mutilan el terreno ­universitario. “Nosotros no queríamos violencia. Inclusive, cuando llego el rochabús, todos levantamos los brazos en señal de que no queríamos problemas. Sin embargo, los policías iniciaron los ataques, e incluso hubo infiltrados con capuchas que provocaban a los policías. Tiraban piedras –vestidos como alumnos– y después desaparecieron”, narró.

Entraron a la fuerza
Posteriormente, los poli­cías entraron a la casa de estudios –violando el estatuto de la universidad, pues no tenían orden judicial– tanto por la puerta Nº 3, como por un muro aledaño al cruce de las avenidas Universitaria y Venezuela, el cual rompieron.

“Los policías tiraban bombas lacrimógenas a la cabeza y al cuerpo. Más de 32 alumnos han sido heridos, fueron llevados a la clínica universitaria. A los más graves los han llevado al hospital Daniel Alcides Carrión”, precisó.

“El estatuto de la universidad es bien claro, solamente pueden entrar las fuerzas policiales por orden judicial o autorización del rector previo consejo universitario. Han violado la autonomía. Jamás, así haya pasado cualquier cosa, no podían entrar a nuestra ­universidad”, agregó otro manifestante.

Santos sostuvo que esta lucha fue iniciada desde antes de que empiecen las obras, pues se oponen a las obras del anillo vial, “que ocuparía más de 28 mil metros cuadrados del campus. Hemos logrado que el rector (Luis Izquierdo) emita ­una resolución rectoral que detiene las obras. Sin embargo, sin la aprobación de la municipalidad, la resolución no sirve”. Acotó que la protesta no es contra la casa de estudios, pues tienen el respaldo de sus autoridades, sino para que el municipio actúe y apruebe la paralización de la obra.

Tensión se mantiene en el claustro
Alrededor de las 4 de la tarde, los estudiantes cesaron el enfrentamiento con los policías que ingresaron a su centro universitario. Hasta el cierre, mantenían una reunión estudiantil para discutir otras medidas de fuerza contra la construcción del anillo vial. Se informó que son 15 los alumnos heridos (contusiones de piedras y otros objetos) y atendidos en la Clínica Universitaria. Los alumnos hablan de más de 30, pero incluyendo a quienes se retiraron a sus casas y estarían siendo atendidos por su cuenta.

Profesores y alumnos gritaban arengas contra la obra. Horas antes, los estudiantes incendiaron un “rochabús”, conocido popularmente como “pinochito”, porque los poli­cías no permitieron realizar ­una marcha hacia el Congreso. Algunos alumnos señalan que no fueron ellos quienes quemaron el vehículo policial, pero el caso está en proceso de investigación.

Rubí Fox Bazán
Redacción
Fuente: La Primera Perù

Ex MRTA quieren organizar partido

Embajador norteamericano confirma que MRTA no está en su lista de grupos terroristas.

Embajador norteamericano Peter Michael McKinley. DATO El embajador McKinley dijo que su gobierno tiene una preocupación permanente sobre las acciones de grupos terroristas en Perú y se mantiene atento a cualquier grupo que pueda reanudar actividades a pesar del tiempo transcurrido. Casi a la par que un grupo de ex emerretistas anunció la creación del partido político Patria Libre para participar en ­elecciones, el embajador norteamericano, Peter Michael McKinley, confirmó que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) no figura en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de su país. El ex constituyente (1979) Emeterio Tacuri anunció que ex militantes del MRTA y personalidades independientes constituirán el Partido Patria Libre, tal como lo anunció Víctor Polay en entrevista con la revista Caretas, en la que reconoce además que “la guerrilla no tiene futuro político”. “Queremos demostrar que somos una organización democrática”, enfatizó Tacuri. “Ya hemos comprado un kit ­electoral y estamos recolectando firmas a nivel nacional para inscribirnos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe)”, indicó. Dijo que junto con él se encuentran también la doctora Martha Luza, abogada cusqueña, e Isauro Fuentes, hermano del presidente regional de Puno. El embajador McKinley ­afirmó que el retiro del MRTA de la lista negra ha tenido en cuenta que en los últimos cinco años no han registrado acciones terroristas de esa agrupación. “No voy a entrar a discutir las condicionalidades que hay en Europa, pero en los Estados Unidos una de las condicionalidades de la regulación de esta lista es que hayan habido hechos o actos terroristas, sobre todo en los últimos cinco años, según un documento del Departamento de Estado norteamericano”, sostuvo el embajador. Fuente: La Primera Perù

Morales acepta referendo revocatorio y espera convocarlo de inmediato

En la imagen, Evo Morales. (Foto: EFE). El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró "muy satisfecho" con la aprobación en el Senado del referendo sobre la revocación de su mandato y el de los nueve gobernadores y se comprometió a convocarlo de inmediato. "Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar", dijo Morales, tras considerar que esa consulta "es una forma de profundizar la democracia" en el país. El mandatario hizo esta declaración en el Palacio de Gobierno en La Paz, después de mantener una reunión urgente con su gabinete y acompañado por casi todos sus ministros, que le aplaudieron al principio y al final de su discurso. Morales recordó hoy que la propuesta para revocar su mandato, el del vicepresidente, Álvaro García Linera, y el de los nueve prefectos (gobernadores) regionales, la mayoría opositores, la lanzó él mismo en diciembre pasado en medio de una tensa situación política relacionada con el proceso constituyente. El trámite de ese proyecto de ley, que recibió en enero el visto bueno en la Cámara de Diputados, se estancó en el Senado, que lo aprobó de forma sorpresiva y por unanimidad, ya que incluso los legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) votaron a favor. La decisión del Senado da un nuevo giro a la crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses por el enfrentamiento entre el proyecto de "refundación" constitucional impulsado por Morales y las demandas autonómicas de varias regiones opositoras, lideradas por la rica Santa Cruz (oriente). Morales aseguró que el referendo revocatorio está orientado "a definir en las urnas y no con violencia" la conflictiva situación por la que atraviesa el país y pidió al Congreso que le envíe "de manera inmediata" la norma aprobada hoy para convocar la consulta cuanto antes y así "ganar tiempo". Pocas horas antes, el mandatario izquierdista citó a los nueve gobernadores a dialogar el próximo lunes en La Paz sobre la crisis, agravada tras el referendo autonomista cruceño. Las autoridades y líderes cívicos opositores de Santa Cruz celebraron el pasado domingo un referendo sobre el estatuto autonómico regional, considerado ilegal por la Corte Nacional Electoral y por el Gobierno. Con casi todas las mesas ya escrutadas, el "sí" a ese estatuto gana con un apoyo del 85 por ciento, según datos difundidos por la Corte Departamental Electoral, aunque el Gobierno ha tachado de "fracaso" la consulta por la alta abstención, que superó el 38 por ciento. (Lima, EFE).

‘La Guerrilla no Tiene Futuro Político’ Victor Polay, Entrevista a la revista Caretas.

Fuente: Caretas.com.pe

Entrevistas :::: Ex líder del MRTA admite que militantes libres buscan reinsertarse al movimiento social.

Víctor Polay afirma que el MRTA, como movimiento guerrillero, no está activo.

¿Y qué piensa Víctor Polay del debate desatado en las últimas dos semanas? La pregunta es apenas obvia luego de todo el desbarajuste originado en la discusión sobre el futuro, e incierto presente, del movimiento subversivo que él lideró.

El líder del MRTA, quien cumple una sentencia de 32 años por terrorismo, envió una carta a los medios de comunicación donde rechazaba tener vinculaciones con la Coordinadora Continental Bolivariana. CARETAS se comunicó con su abogado, César Oyola, para proponerle una entrevista por vía de un cuestionario escrito. Aunque las circunstancias no permiten las repreguntas elementales (ver recuadro), las respuestas de Polay son reveladoras para entender el actual proceso de su organización.

–¿El MRTA está aún activo?
–Es público que la última acción organizada como MRTA fue la toma de la residencia japonesa, hace ya más de una década. La mayoría de los dirigentes y fundadores estamos presos o muertos. Sé que han salido algunos ex militantes después de sufrir largas condenas y, en estos momentos, están más preocupados de cómo sobrevivir y de reinsertarse al movimiento social en las nuevas condiciones que vive nuestro país.

–¿A qué atribuye la exclusión del MRTA de la lista de organizaciones terroristas?
–Es conocida la posición beligerante que tuvo el MRTA frente al imperialismo yanqui y sus ataques contra objetivos norteamericanos. Pues bien, desde el año 1999 o 2000 el MRTA no se encuentra en la lista de organizaciones que el Departamento de Estado considera terroristas. Con los servicios de inteligencia que cuenta Estados Unidos no tengo la menor duda de que si ellos conocieran de algún peligro armado, serían los primeros interesados en dar la alarma.

Respuestas de su puño y letra.

–Ante la Comisión de la Verdad usted pidió perdón a los familiares de las víctimas del MRTA y también a sus adversarios. ¿Mantiene esa posición?
–Absolutamente. Además he pedido perdón a nuestro pueblo por el dolor o pérdidas irreparables que haya podido causar nuestro accionar armado. Según la Comisión de la Verdad nosotros somos responsables del 1% de las víctimas fatales del conflicto interno. Esperamos que los responsables del 99% restante hagan lo mismo. Por otro lado nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad frente a los jueces y llevamos cerca de 18 años de carcelería. Pensamos que el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas es el primer paso para una verdadera reconciliación que debe darse en algún momento, como lo plantean el líder histórico del APRA Armando Villanueva del Campo y el más conspicuo jurista del Perú, el doctor Javier Valle Riestra Gonzales-Olaechea.

–¿Considera aún que la lucha armada es la única vía para acceder al poder?
–La ola insurgente y guerrillera que atravesó nuestro continente a partir de la Revolución Cubana se terminó con el fin de la guerra fría y la desaparición de los países del socialismo irreal. Los triunfos electorales de movimientos de izquierda y centro izquierda nos demuestran que es posible aspirar a los cambios dentro de los marcos democráticos. Ahora quienes complotan, preparan asonadas o aventuras golpistas son sectores de la derecha que ven amenazados sus intereses egoístas frente al avance de las mayorías por una sociedad justa.

–¿Víctor Polay está dispuesto ahora a defender la democracia?
–Sí, definitivamente y sin ninguna ambigüedad, porque tenemos una democracia frágil y atrasada que debemos cuidarla de las amenazas autoritarias o intolerantes que propugnan el pensamiento único. Es importante recordar que el próximo 10 de diciembre se cumple el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que entre otras cosas dice que toda persona debe tener acceso a satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. ¿Cuánto hemos avanzado después de firmar esta Declaración? Con un 50% de pobres, donde 1 de cada 4 peruanos se acuesta con hambre y los actuales niveles de educación, salud y seguridad, es difícil hablar de una democracia plena, por eso hablo de una democracia subdesarrollada. Debemos avanzar seriamente hacia un desarrollo justo, humano y participativo.

–¿El MRTA tiene futuro político?
–Como organización guerrillera no, pero sí creo que con nuestra mística y autoridad moral por nuestra entrega y sacrificio podemos ayudar en la forja de un movimiento que busque reconstruir el tejido social y se plantee ganar las elecciones del 2011 con un programa amplio que aglutine la izquierda, el centro izquierda y el centro político. En este sentido estoy identificado con el esfuerzo de un grupo de dirigentes sociales y juveniles, y ex militantes del MRTA que se han propuesto inscribirse ante la ONPE como Patria Libre. Entiendo que en los próximos días darán una conferencia de prensa para anunciar una campaña de recojo de firmas.

–¿Usted promovió que ex emerretistas integren la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB)?
–Desde 1992 tengo un régimen carcelario que permite únicamente la visita de familiares directos a través de un locutorio. Sólo veo regularmente a mi madre y una de mis hermanas, ya que mi esposa y mis hijos están refugiados en Francia. En estas condiciones no es posible alguna consulta. Además se sabe que la CCB está formada por capítulos nacionales y no por organizaciones. Por la TV he visto que la famosa reunión de Quito era pública, con presencia de periodistas y camarógrafos y con la participación de no más de un centenar de personas.

–En el último congreso de la CCB, en Quito, lo nombraron a usted y a Marulanda de las FARC presidentes honorarios de la CCB. ¿Estaba al tanto de esto?
–Tengo entendido que (la CCB) tiene como una docena de presidentes honorarios, entre ellos algunos obispos, personalidades e intelectuales. En mi caso supongo que lo han hecho como una muestra de solidaridad con una persona que lleva tantos años presa.

–¿Los ex miembros del MRTA de la CCB lo hacen a título personal?
–No sé qué nivel de participación tendrán, pero es obvio que lo hacen a título personal, porque en estos momentos nadie puede arrogarse de algo que no está organizado. Lo que sí me preocupa es que durante una semana algunos políticos y medios de comunicación han hecho de manera alucinante las siglas del MRTA el centro de la preocupación del Perú, cada uno con diversos intereses. Yo alerto sobre la posibilidad que en los próximos días aparezcan pintas, banderas o se produzcan atentados a nombre del MRTA con el objetivo de favorecer al fujimorismo y criminalizar la protesta social. No descarto que algunos “carapintadas” estén planificando alguna provocación.

–¿Conoce al ex emerretista Roque Gonzales, líder del CCB?
–No conozco al cc. Gonzales. He leído en sus declaraciones que para él la violencia y el MRTA son un capítulo cerrado en el Perú. En un informe de la “Ventana Indiscreta” se le muestra como prueba de culpabilidad caminando y conversando con otras personas en el Centro de Lima, llevando un polo con imágenes del Che Guevara. Igualmente, durante su detención en Tumbes aparece con otro polo parecido. Según mi experiencia, no sé qué actividad clandestina se puede hacer con ese tipo de vestimenta. Me preocupa mucho que junto a Roque se haya detenido a señoras de edad avanzada, alguna enferma de cáncer, acusadas de terrorismo sin ninguna prueba que no sea haber participado en un evento público y legal en Ecuador.

–¿Cómo calificaría a las FARC colombianas?
–Yo comparto la posición de la inmensa mayoría de los presidentes que se reunieron últimamente en Santo Domingo, que abogaron por el diálogo para resolver el conflicto armado en Colombia, como ocurrió años atrás en Centroamérica. Sólo Colombia, Estados Unidos y el representante peruano calificaron a las FARC de terroristas sin plantear ninguna salida que no sea la paz de los cementerios. (Entrevista Patricia Caycho)

Cuestión de Fondo

Entrevista con Polay plantea serias interrogantes sobre el pasado y presente del grupo que lideró.

La entrevista que aquí se presenta con Víctor Polay plantea, además, otras preguntas relacionadas con la discusión de estos días y lo que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) calificó en su comentada y criticada carta de “persecución contra activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente de terrorismo”. Afirma Polay, por ejemplo, que los ex militantes del MRTA están preocupados por “reinsertarse al movimiento social”. ¿Esto incluye la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB)?

Cada vez queda más establecida la vinculación entre la CCB y la criminal guerrilla colombiana de las FARC con la que el MRTA tenía evidente correspondencia ideológica. La posición de Polay frente a estas, como parte de la izquierda latinoamericana, es ambivalente.

¿Es lícito que quienes purgaron pena por terrorismo se reencauchen en una organización de alcance continental vinculada a actores armados que han hundido a su país, Colombia, en una guerra sin fin? ¿Lo es cuando un elemento como Hugo Chávez también apoya a la CCB y usa los mecanismos a su disposición para intervenir políticamente en países como el Perú?

El premier Jorge del Castillo volvió a disparar la batería del gobierno contra Aprodeh. En el Congreso declaró a la prensa el martes 6 que “no debemos distraernos y perder de vista al tema de fondo. Aprodeh cometió el craso error de pretender pasar por agua caliente al MRTA justificando su no calificación de grupo terrorista”. Para Del Castillo, carece de sustento la carta enviada por la organización al Parlamento Europeo. “Yo también podría decir que el grupo Colina no esta activo pero sin embargo lo están juzgando. Es un despropósito que todos los peruanos hemos rechazado”.

Los argumentos del primer ministro son comprensibles. Varias de las organizaciones enumeradas en la lista de la Unión Europea llevan hibernando, aparentemente, varios años (CARETAS 2025). La no inclusión del MRTA termina siendo una anomalía. El vicepresidente Luis Giampietri llamó la atención sobre el manejo de los fondos del MRTA. Sumarlo a la lista hubiera permitido congelarlos. Al menos en el viejo continente.

El choque con Aprodeh llevó a calentar el ambiente con las demás organizaciones de Derechos Humanos. El Ejecutivo tuvo una desafortunada reacción inicial ante el conjunto de las ONG que trabajan con la materia, a las que se les retiró su condición de observadoras del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Luego, sin embargo, la ministra de Justicia Rosario Fernández se ha mostrado más conciliadora. Buena señal fue el reemplazo del cuestionado Facundo Chinguel como secretario ejecutivo del CNDH por el constitucionalista Luis Alarcón.

Fernández viajó esta semana a Ginebra para presentar la situación del Perú ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí debió responder al informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que denunció la supuesta hostilidad por parte del gobierno.

Fundador del MRTA afirma que 'la guerrilla no tiene futuro político'

Fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). (Foto: Internet) El fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, afirmó desde prisión que "la guerrilla no tiene futuro político" y que muchos ex integrantes de ese grupo subversivo buscan la reinserción en la sociedad. En una entrevista exclusiva que publica un importante semanario, Polay, quien cumple una condena de 32 años de cárcel por terrorismo, recordó que la última acción armada del MRTA fue el asalto en 1996 a la residencia del embajador de Japón en Lima y el consiguiente secuestro de 72 personas durante cuatro meses. Precisó que la mayoría de los dirigentes del MRTA están presos o muertos y que los ex militantes que han obtenido la libertad "están más preocupados en sobrevivir y en reinsertarse al movimiento social en las nuevas condiciones que vive el país". De hecho, adelantó que un grupo de dirigentes sociales y juveniles y ex militantes del MRTA intentan inscribirse como "Patria Libre" para participar en las elecciones peruanas de 2011. Con esta explicación, Polay respondió a los intentos del Gobierno peruano para que la Unión Europea incluya en su lista de grupos terroristas al MRTA, después de que el pasado 24 de abril la Eurocámara rechazara la propuesta por un estrecho margen de votos. Matizó que desde hace ocho años el MRTA está excluido de la "lista negra" de Estados Unidos sobre terrorismo. "Si conocieran de algún peligro armado, serían los primeros interesados en dar la alarma", agregó. En este contexto, el fundador del MRTA alertó del eventual uso del nombre de su organización por parte de agentes ajenos al movimiento para criminalizar las protestas sociales en Perú. Existe "la posibilidad que en los próximos días aparezcan pintas (pintadas), banderas o se produzcan atentados en nombre del MRTA con el objetivo de favorecer al fujimorismo (seguidores del ex presidente Alberto Fujimori) y criminalizar la protesta social", subrayó el ex líder guerrillero. No descartó "que algunos carapintadas estén planificando alguna provocación", tras expresar su consternación porque "políticos y medios de comunicación han hecho de las siglas del MRTA el centro de preocupación de Perú". El MRTA fue uno de los protagonistas del conflicto interno de Perú (1980-2000), en el que murieron casi 70.000 personas. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el 54 por ciento de las víctimas perdió la vida a manos de Sendero Luminoso, el 44,5 por ciento por las fuerzas del orden y paramilitares y el 1,5 por ciento restante por el MRTA. (Con información de EFE).

El grupo Colina actuó bajo el mando de Fujimori, según ex general

En la imagen, Alberto Fujimori. (Foto:La República). El grupo Colina, responsable de los crímenes más reconocidos durante la guerra contra el terrorismo en Perú, actuó bajo el mando de Alberto Fujimori y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), afirmó el ex general Rodolfo Robles. "El grupo Colina actuaba bajo dos líneas de mando: la Presidencia de la República y el SIN, que eran las dos caras de la misma moneda", aseguró el ex general, quien denunció en 1993 la existencia de ese destacamento militar encubierto, por lo que tuvo que asilarse en Argentina. Robles declaró en una de las audiencias del juicio que se le sigue a Fujimori por violaciones a los Derechos Humanos, que el SIN tenía que dar cuenta "antes, durante y después" de ejecutar sus misiones a Fujimori (1990-2000). La jornada del juicio estuvo marcada por el llamado de atención que le hizo el fiscal supremo José Antonio Peláez a Fujimori, quien aparentemente dormitaba en pleno tribunal. En un momento de la audiencia, el fiscal solicitó al ex dictador que despertara para poder continuar con el interrogatorio a Robles. El ex general explicó que las reformas en los servicios de inteligencia peruanos llevadas a cabo durante el Gobierno de Fujimori dejaron a estos "con dependencia directa del Presidente de la República", ante el que tenían que responder por todos sus actos. Robles dijo que la expresión "eliminar al enemigo" que aparece en los manuales militares que se emplearon en la época de la guerra sucia contra Sendero Luminoso significaba "dar muerte" y no tan solo neutralizarlos, como afirmaron otros ex militares interrogados durante el proceso. Además, Robles añadió que esta eliminación de personas se encuadraba dentro de lo que se denominaba "operación especial de inteligencia". Robles se desempeñaba en 1993 como jefe del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército (Coinde) cuando denunció los crímenes cometidos por el Colina, al que responsabilizó de la matanza de un profesor y nueve estudiantes de la limeña Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, el 18 de julio de 1992. En ese momento, Robles precisó que el grupo de aniquilamiento había actuado bajo las órdenes del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. A consecuencia de esta revelación, Robles fue expulsado del Ejército, un acto que calificó como "ilegal e inconstitucional" y luego se vio forzado a asilarse en Argentina. Robles aseguró que tras denunciar a Colina fue víctima de "acoso, hostigamiento y persecución" e incluso de intentos de asesinato que lo forzaron a huir del país. (Lima, EFE).

Defender medio ambiente es delito de terrorismo en minas del norte

300 OPOSITORES A majaz están procesados, 35 de ellos por terrorismo. Promotora de proyecto minero Río Blanco desata provocadora estrategia contra líderes ambientalistas de Piura y Cajamarca.

Edmundo Cruz.

Comuneros vs comuneros. La estrategia comunitaria de la Minera Majaz, puesta en práctica el 8 de marzo último en Tres Acequias, Huancabamba.

Una de las víctimas.

El 24 de marzo último, una organización de reciente formación denominada Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba presentó ante la Fiscalía Provincial de Turno de Piura una denuncia por delitos de terrorismo, en quince modalidades distintas, contra 35 líderes ambientalistas de la región.

Entre éstos, alcaldes, presidentes de comunidades y de frentes de defensa, de rondas campesinas, que suman 27 líderes. Más ocho profesionales: dos abogados, un ingeniero, una economista y un biólogo, del equipo técnico de las ONGs que apoyan el movimiento ambientalista.

Los delitos de los que se les acusa son: "contra la tranquilidad y la paz pública, disturbios, apología, asociación ilícita, contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, motín, conspiración, contra la humanidad, torturas, lesiones graves y leves, coacción, secuestro, violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación y daños".

En total 300 son los procesados, entre ellos los 35 por terrorismo. Se han abierto 25 juicios a los cuestionadores del proyecto.

La entidad denunciante se formó el 11 de diciembre de 2007, inmediatamente después del referéndum del 16 de setiembre último que ganó abrumadoramente la posición contraria al proyecto de la empresa Majaz dentro de la jurisdicción de las comunidades de Segunda y Cajas y Yanta.

Rául Urbina, funcionario, promotor de confrontación comunera.

El Frente denunciante se formó con el respaldo de 300 ciudadanos, de los cuales menos de una decena son miembros de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, a la que dicen representar. Esta comunidad de reconocida trayectoria cuenta con un padrón de más de mil integrantes.

Los acusadores encabezados por Juan Cruz Pusma, Higinio Rivera Labán, Nextar Labán Majuán y Rosa Sandoval Barco no se presentaron a las dos primeras citaciones el 9 y el 24 de abril último. No han fundamentado su denuncia y no se ha actuado ninguna prueba.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

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Minera Majaz S.A., filial de la inglesa Monterrico Metals, la promotora del proyecto minero Río Blanco, desde el 2002, cambió de propietario hace un año, el 27 de marzo del 2007.

Zijin Mining Group Co. Ltd., consorcio chino, compró el 89.9% de las acciones de Monterrico Metals. Poco después se desprendió de un 10% para cederlo a la fundición coreana LS Nikko Co. El consorcio Zijin copa el 80% del accionariado, en tanto los ingleses mantienen un porcentaje minoritario.

En su última etapa de gestión de Minera Majaz S.A., los ingleses intentaron un cambio de su estrategia comunitaria y para ese efecto contrataron un equipo de profesionales expertos en la materia.

Producto de ese afán habría sido la declaración de reconocimiento y disculpas públicas que la empresa Majaz formuló el 11 de setiembre de 2006 por los errores de su política socioambiental anterior a junio del 2006.

El intento loable se vino abajo en vísperas de la realización del referéndum o consulta vecinal del 16 de setiembre. Y con mayor fuerza luego de que Zijing tomara el control de la minera.

ESCALADA

La organización de un ente paralelo a la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas es el extremo de una política de división de la matriz que antes ensayaron los responsables de las erradas estrategias comunitarias: Raúl Urbina y el australiano Andrew Bristow, quienes volvieron y mantienen sus puestos bajo la gestión de Zijing.

En el 2004, Urbina y Bristow crearon los "Comités de Desarrollo" y en el 2005 la "Alianza para el Desarrollo". Núcleos de personas que con el patrocinio de la empresa ora recibían capacitaciones diversas y ora eran movilizadas para acciones de provocación contra el movimiento ambientalista.

No dieron pie en bola. Ahora el Frente paralelo edita inclusive un boletín a todo color, en papel couché, con el logo de "Unidad Comunera". ¿Quién financia tan lujosa prensa comunera? Dicho Frente es el autor de la reciente denuncia de terrorismo contra los defensores del medio ambiente.

VALE TODO

La política comunitaria de Minera Majaz, ahora Río Blanco Cooper S.A., se desliza por el campo de la provocación para enfrentar a los comuneros versus comuneros. Un botón de muestra es la contramanifestación organizada el 8 de marzo último, Día Internacional de la Mujer, en el caserío Tres Acequias, ubicado en la Comunidad de Segunda y Cajas (ver ilustración gráfica en la página 2).

La denuncia por terrorismo contra los 35 ambientalistas presenta este evento como prueba. Sostiene que "200 ronderos arremetieron salvajemente con piedras látigos y palos, golpearon a las mujeres,... producto de lo cual Carmen Velasco Lizama perdió el bebé que estaba gestando".

Según Servando Aponte, presidente de la Comunidad Segunda y Cajas, "la gente de Majaz agredió a la policía y al fiscal, a quien le cayó una piedra en la cabeza. Esa gente estaba preparada para el enfrentamiento, contaban con fusiles y piedras".

Los dirigentes indicaron que ellos fueron agredidos primero por los miembros del Frente de Unidad (paralelo) en el que también participaron funcionarios de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz). El gerente de Responsabilidad Social, Raúl Urbina, en la foto que publicamos al lado, aparece forzando el ingreso al local donde se realizaba el acto convocado por la Comunidad de Segunda y Cajas. El choque fue entre varones. Esteban Correa, del Frente de Defensa de Medio Ambiente, perdió la visión de un ojo. Las rondas niegan su responsabilidad en la pérdida del bebé.

OTRAS "PRUEBAS"

"Las ONGs –dice la denuncia del Frente paralelo– llegaron a nuestras tierras apoyadas por la Diócesis de Chulucanas y desarrollan una serie de talleres en los que se decía que el desarrollo de la minería en nuestra localidad traería la muerte de todos nosotros, que nuestras mujeres parirían niños con dos cabezas".

En otra de sus pretendidas pruebas los denunciantes se remontan al supuesto secuestro del periodista Dúber Mauriola Labán, quien efectivamente fue detenido por las rondas el 30 de diciembre de 2004 durante tres días y azotado por decisión de la Comunidad de Segunda y Cajas.

Dúber Mauriola en su espacio radial "La voz de las Huaringas" insultaba y amenazaba constantemente a los comuneros. A mediados de 2004, de un momento a otro, adquirió su propia emisora, "Radio Centinela", y multiplicó sus ataques contra la comunidad y a favor de la empresa minera. A fines de noviembre de 2004, él y un grupo de sus guardaespaldas destruyeron el local y los equipos radiofónicos de la emisora "Difusora de Huancabamba" que acogía los reclamos de las rondas y el Comité de Defensa del Medio Ambiente.

Las denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público no prosperaron. Entonces, la comunidad aplicó su fuero consuetudinario y le impuso la pena denominada "cadena ronderil" (reclusión sucesiva en varias comunidades). Los azotes son un castigo que se aplica a los comuneros que caen en falta.

Todo esto se evitaría si funcionara la justicia oficial y el Estado respetara y tomara en cuenta las decisiones de las comunidades. Derecho que está amparado por la Ley de Comunidades Campesinas, la legislación peruana y el Derecho Internacional. Mientras tanto el diálogo sigue en receso.

Ambientalistas y el Presidente Javier Jahncke Benavente, abogado de 37 años, especializado en medio ambiente. Desde el año 2000 participa activamente en el equipo técnico que asesora al movimiento ambientalista de Piura y Cajamarca. Promotor de la ONG Grufides.Junto a Fedepaz ha asistido la consulta vecinal del 2007 sobre Majaz. Julia Cuadros Falla, economista, socia fundadora de Cooper Acción. Se inició en el Instituto de Apoyo Agrario. Con 30 años de experiencia en cooperación del desarrollo. En relación con centros como mina Tintaya (Cusco), Las Bambas (Apurímac), Doe Run (La Oroya). El 21 de marzo último, el presidente Alan García, de visita en China, desayunó con los directivos de 10 de las mayores empresas chinas. Una de ellas, Minera Zijin, la concesionaria del proyecto Río Blanco. "Este no tiene por qué no realizarse", afirmó. El mandatario desestimó así los resultados de la consulta vecinal del 16 de setiembre pasado en Piura. Tampoco consideró las sanciones impuestas por Osinergmin. El 22 de febrero pasado, Osinergmin impuso a Río Blanco Cooper S.A. (ex Minera Majaz) una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias. Motivo: infracción al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

La Republica Perù

Ecuador acusa a Colombia de crímenes de lesa humanidad

QUITO (AP) - Los soldados colombianos cometieron "crímenes de lesa humanidad" cuando en marzo atacaron un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, incluso rematando a personas heridas y disparándoles por la espalda, dijo el miércoles el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante.

En Bogotá, la cancillería rechazó las versiones de Ecuador, calificando de "falaces" las declaraciones Bustamente, quien consideró "improbable" que Colombia acceda a la solicitud de Ecuador de entregar información sobre la operación el 1 de marzo en la que fuerzas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano y dieron muerte a 25 personas, incluso Raúl Reyes, alto jefe rebelde, cuatro mexicanos y el ecuatoriano Franklin Aisalla.

En declaraciones al canal de televisión Gamavisión, Bustamante señaló que hay "doble razón" para investigar el caso "hasta las últimas consecuencias porque una cosa es que violen nuestra soberanía pero encima que se cometan delitos o crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio y encima contra un conciudadano (ecuatoriano) es algo inadmisible, es algo que no podemos dejar nunca de perseguir".

Las afirmaciones dadas en las últimas horas por autoridades ecuatorianas como el ministro Bustamante, la canciller María Isabel Salvador y el ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, "sobre las causas de la muerte de Franklin Aisalla son falaces", dijo el canciller Fernando Araújo al leer el comunicado ante periodistas.

Expresó su sorpresa que Quito divulgara resultados de necropsias dos meses después del operativo y afirmó que "Colombia es una democracia pluralista con larga trayectoria en América Latina y su gobierno y sus fuerzas armadas honran el derecho internacional humanitario".

"Carecen de todo fundamento las aseveraciones que se hayan efectuado ejecuciones de personas que estaban heridas o incluso ilesas", agregó el ministro colombiano, destacando que por la autopsia realizada a Aisalla en Colombia, siguiendo protocolos internacionales cuando se sospecha de violaciones a los derechos humanos, el ciudadano ecuatoriano murió a consecuencia de traumas cerebrales por elementos explosivos.

Araújo dijo que Bogotá enviará copia de su comunicado y de la autopsia para conocimiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Temprano, el general Freddy Padilla, comandante de las fuerzas militares colombianas, descartó que sus unidades cometieran abusos en el operativo de marzo.

"Tengo la convicción de que mis tropas actuaron de conformidad a la constitución", dijo Padilla a los reporteros en la cancillería, donde se reunió con Araújo para analizar las más recientes declaraciones de Quito.

El martes, el gobierno ecuatoriano anunció que según informes forenses, el ecuatoriano Aisalla, cuyo cuerpo al ser confundido con el de otro comandante rebelde fue llevado a Bogotá junto al de Reyes, murió por un golpe contundente en su cráneo presumiblemente mientras estaba arrodillado, y no por heridas de bala o de esquirlas de bomba.

Bustamante dijo que en otros tres casos "no puede descartarse que se haya tratado de ejecuciones de personas que estaban heridas, o incluso ilesas", que estuvieron indefensas cuando les dispararon por la espalda. Los restos de estas tres personas y otras 16 están aún en la morgue de Quito.

La organización no gubernamental Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), con sede en Quito, señaló que las tres sobrevivientes del ataque: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, en sus testimonios han dicho que vieron que militares colombianos ejecutaron a las personas heridas y rendidas.

"Eso las convierte en testigos de cargo de estos crímenes", añadió la ALDHU en un comunicado.

A raíz de la acción armada colombiana, Ecuador rompió relaciones el 3 de marzo con Bogotá, en una crisis política que sigue sin ser superada y en la que se han registrado frecuentes cruces de críticas y acusaciones.

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Los periodistas Vivian Sequera, Tatiana Guerrero, de AP Bogotá, y Gonzalo Solano, de AP Quito, colaboraron en esta información.

Los mejores y peores días de América Latina

El continente latinoamericano vive una gran contradicción: tiene unas importantes tasas de crecimiento económico y a la vez está más enfrascado que nunca en conflictos sociales, políticos y diplomáticos

JORGE CASTAÑEDA

La región latinoamericana se encuentra hoy en uno de sus mejores y peores momentos. De esta contradicción se desprende la grave división y la creciente crisis política que la agobian.

América Latina está hoy escindida entre democracias liberales y estatistas

Colombia es el centro de la batalla entre las diferentes visiones políticas del continente

El mejor momento: hace por lo menos tres decenios que las economías iberoamericanas no alcanzaban las tasas de crecimiento de los últimos cinco años. Gracias a políticas "macro" sensatas, y también, por supuesto, a los elevadísimos precios de los commodities -cobre, hierro, soja, petróleo...- la expansión económica ha sido larga, sin inflación ni desequilibrios externos, hasta ahora. Todo esto ha generado una reducción innegable de la pobreza, una pequeña pero alentadora merma a la desigualdad, y, sobre todo, una expansión notable de la clase media baja hasta en países como México y Brasil.

En lo político, la evolución ha sido igualmente positiva. Las transiciones a la democracia de los años ochenta han resultado ser duraderas y profundas. Con la excepción del régimen de Cuba y de las FARC en Colombia, todos los actores políticos de la región compiten por el poder vía las urnas: incluso Hugo Chávez acepta sus derrotas en las mismas. El respeto a los derechos humanos, imperfecto por supuesto, es mayor que nunca, y la eficacia y repercusión de las denuncias a sus violaciones también. América Latina importa menos en el mundo, porque genera menos problemas; su vitalidad cultural se encuentra intacta, más extendida y menos espectacular.

¿Por qué entonces el subcontinente se encuentra enfrascado en más conflictos diplomáticos, políticos, sociales y de delincuencia que en cualquier otro momento de la historia reciente? En efecto, de sur a norte, atestiguamos una extrema polarización política en México, que ha paralizado cámaras legislativas y arterias de la capital; el diferendo antiguo pero agudizado, entre Nicaragua y Colombia por la isla de San Andrés y los límites marinos (ya presentado ante la Corte Internacional de Justicia -CIJ-); el que impera con una creciente animosidad entre Venezuela y Colombia, en todos los ámbitos; el pleito fronterizo, personal y militar entre Colombia y Ecuador; el conflicto armado en Colombia sigue cobrando vidas a gran escala; el inminente cierre de las chavistas Casas del Alba en Perú; el litigio de límites marinos entre Perú y Chile (también ya ante la CIJ); la extrema tensión, a causa de varios referendos, entre las provincias orientales de Bolivia y el Altiplano, y las divergencias sobre suministro de energía entre ese país, Argentina y Brasil, sin omitir, desde luego, el diferendo ancestral entre Chile y Bolivia sobre el acceso al mar. Si agregamos el reciente paro del campo en Argentina, la reacción feroz de los cripto-piqueteros kirchneristas (Luis d'Elía: "Lo único que me mueve es el odio contra la puta oligarquía... Tengo un odio visceral contra los blancos del Barrio Norte") y el aquelarre incomprensible (también llevado a la CIJ) entre Uruguay y Argentina por la papelera en la República Oriental y el cierre fronterizo en Gualeyguachu, comprobamos una retahíla insólita de líos. ¿A qué se debe?

Se antojan múltiples factores explicativos. Podemos, sin embargo, centrarnos en uno, que, sin ser suficiente, es necesario y primordial. América Latina se encuentra hoy escindida en dos bandos: uno, el que bajo la afinidad con o férula de -según la óptica- el llamado Consenso de Washington, sigue el camino de la democracia representativa -con todos sus bemoles- de la economía de mercado y la globalización -con sus insuficiencias irrefutables-, de relaciones cordiales, aunque no desprovistas de desacuerdos, con Estados Unidos, y que incluye a México, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil; y otro, del proverbial "eje del bien" (o "del mal", de nuevo según la óptica), estatista, globalifóbico, preso de tentaciones autoritarias y/o de democracia "participativa", antiamericano y convencido de que "otro mundo es posible", regenteado por La Habana y Chávez (ya que la supervivencia del segundo representa un asunto de vida o muerte para el Gobierno isleño), y con antenas importantes, dentro y fuera del poder, en México (López Obrador y el PRD), El Salvador (el FMLN), Nicaragua, Colombia (las FARC y parte del Polo Democrático), Ecuador, Bolivia, Argentina, y ahora, muy probablemente Paraguay. Ninguno de los dos bandos es químicamente puro: abundan fuerzas del primero en el seno del segundo, y muchos gobiernos de ese primer grupo se ven asediados por fuerzas financiadas y organizadas, por gobiernos del segundo. Más aún, algunos países, sobre todo la Argentina y en menor medida Guatemala, oscilan entre un bando y otro.

Existe, sin embargo, una asimetría fundamental entre ambos bandos. Los partidarios y adeptos de la ortodoxia macroeconómica, de la democracia antes llamada burguesa y del entendimiento con Washington, incluso gobernado por Bush, son timoratos, introvertidos y cautelosos al extremo; no fue ninguna casualidad que quien le espetara a Chávez "¡Por qué no te callas!", fue Juan Carlos I, no Calderón, ni Uribe, García, Bachelet, Vázquez, o Lula. Mientras que el otro lado posee, desde años atrás, una estrategia, y de manera mucho más reciente, los medios para ponerla en práctica. He aquí el quid del asunto.

El conglomerado en cuestión hoy cuenta con la capacidad de realizar el añejo sueño del Che Guevara: no "uno, dos, muchos Vietnams", sino uno, dos muchos Venezuelas, en el sentido de conquistar el poder vía las urnas, de conservarlo, transformarlo y concentrarlo vía la modificación constitucional y la creación de milicias armadas y partidos monolíticos, todo ello financiado por el petrolero de PDVSA, defendido y promovido por cuadros de seguridad cubanos, alentado por políticas sociales a largo plazo equivocadas pero a corto plazo seductoras, llevadas al terreno por médicos, maestros e instructores cubanos, respaldados, en la teoría y cada vez más en la práctica, por las armas rusas suministradas a Caracas.

Más que nada, este bando cuenta con una narrativa convincente. Ante la persistencia de la pobreza y la desigualdad, la recurrente agresión y/o descuido norteamericanos, la mezquindad del empresariado y la corrupción e incompetencia de los gobiernos anteriores, la alternativa bolivariana aparece como soñada. Se entregan servicios de educación y salud a los más pobres a través de las llamadas misiones y de los cuadros cubanos; se obtienen fondos para pagarlos ya sea nacionalizando empresas de recursos naturales (Venezuela, Bolivia), ya sea cobrando rentas o impuestos más elevados por servicios o exportaciones (Ecuador, con la telefonía y el petróleo; Paraguay, con la electricidad). Se imponen -amenaza de expropiación me-diante- reducciones de precios de productos de consumo popular (cemento, varilla, harina, pan, bebidas, etcétera). Es decir, la narrativa ofrece un diagnóstico intolerable y propone una solución alcanzable. Dentro de su simplismo, pero en democracia (a diferencia de la época del Che y de las guerrillas urbi et orbi en América Latina) y con acceso a medios, partidos, y sindicatos, el mensaje funciona. Es falso, pero verosímil y asimilable. Al otro bando, aun si poseyera un discurso equivalente, le aterra pronunciarlo.

En este esquema, la joya de la corona es Colombia. Los cubanos son demasiado inteligentes para creer que países como México o Brasil puedan caber dentro del Plan Estratégico de las FARC en las famosas computadoras; se dan por bien servidos con que Calderón y Lula sean sus amigos o cómplices, no en sustituirlos con aliados incondicionales (izquierda del PT, López Obrador). Argentina y Perú son objetos codiciados, pero en ninguno de los dos casos disponen de quintas columnas fieles y poderosas. Pero en Colombia, a pesar de la supuesta distancia de las FARC con La Habana y de la reticencia de parte del Polo Democrático de ser correa de transmisión de Chávez, cuentan con la ausencia de un sucesor viable de Uribe, para transformar la elección de 2010 en un hito. Por eso, todo va encaminado a Colombia: las negociaciones para liberar a los rehenes, el apoyo y búsqueda de reconocimiento para las FARC, la promoción internacional de figuras como Piedad Córdoba, las negociaciones entre Uribe y el ELN en Cuba.

En los meses que vienen, veremos cómo esta estrategia se despliega, con reveses y aciertos, llenando el vacío dejado por el otro bando. Y comprobaremos, por desgracia, cómo los conflictos de la región, proliferarán y se acentuarán. Y cómo, por último, estos mejores días de América pueden rápidamente virar en una nueva debacle, si no se hace nada para evitarlo.

Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México y es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.

El Pais.com

Pasado glorioso, futuro azaroso - Mirko Lauer

Por Mirko Lauer.
La Repùblica

De pronto parece flotar en el aire más izquierdismo que de costumbre. Es algo poco focalizado, que existe entre pensamiento y sentimiento. Quizás muchos están en eso sin saberlo. O más bien tienen zonas izquierdistas y zonas derechistas coexistiendo pacíficamente en una sola personalidad. A la izquierda se le siente, pero no se sabe bien dónde está.

Los demiurgos de este clima, en que no se sabe aún si la izquierda está renaciendo o solo siendo fichada para futura referencia, son los del ala derecha del gobierno. Para el gran público, izquierda es hoy todo el que choca con el gobierno: Sutep, las ONG, DDHH, ambientalistas, algunos intereses regionales. En términos estrictos esto no es tan exacto, pues hay cada vez más liberales y centristas en esas trincheras.

Si hubiera que establecer los focos de izquierdismo en la vida social hoy, veríamos un heteróclito archipiélago donde se unen un abnegado sindicalismo, un asistencialismo con pocos recursos, el partidismo renovador, la furia periodística, la crítica académica, algunas ínfulas regionales. Es un cóctel complicado que en realidad nadie todavía ha visto en una sola copa.

La relación entre las partes de este hipotético cuerpo sociopolítico de izquierda, una lista a la que podemos añadir a muchos votantes del 2006 y a muchos de los encuestados de todo el tiempo, no es fluida, incluso a veces ni siquiera es. Hoy las partes de ese antiguo Inkarri quizás no todas piensan igual ni parecido, lo cual contrasta con la unanimidad de propósito que exhibe hoy la derecha.

¿Es la tirria contra un Alan García omnipresente, multipugnaz, contento de su nuevo derechismo, un común denominador? No lo parece. Como terreno de encuentro eso es algo que quizás estimula, pero no acumula. Los sindicatos no crecen a buen ritmo, los encuestados no se radicalizan necesariamente hacia la izquierda, en las regiones prima el centrismo administrativo.

Es fácil diferenciar hoy a una izquierda que plantea alternativas con el ojo puesto en la viabilidad, una izquierda cuyo horizonte es solo la protesta coyuntural, una izquierda que se mantiene en formas del violentismo incluso sin presencia de SL, una izquierda dedicada a avanzar la causa de las identidades populares, y así sucesivamente. Las hay, pues, para casi todos los gustos.

Pero está más o menos claro que la votación pro Humala del 2006 no sacó a las ideas de izquierda de su crisis política incubada en el paso de los años 80 a los 90. En otras palabras, es obvio que no estamos a la par con el ambiente que produce triunfos electorales de izquierda por toda América Latina. En cambio la derecha es cada vez más homogénea, y sus alianzas cada vez más eficaces.

Bolivia: la conjura oligárquica

Editorial de La Jornada

La Jornada

Bajo el signo de la ilegalidad de origen, y mediante recursos fraudulentos y antidemocráticos, las autoridades oligárquicas de la provincia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, realizaron ayer un referendo para hacer aprobar un “estatuto autonómico” aberrante, que trasladaría facultades irrenunciables del gobierno central a la administración local: entre las 44 competencias que pretenden arrogarse los gobernantes cruceños destacan la administración de los recursos naturales, el manejo fiscal, el reparto agrario, el control del transporte carretero, ferrocarrilero, aéreo y fluvial, el mando de las telecomunicaciones y hasta la vigilancia aérea mediante radares, así como la salvaguardia del orden público, que en el orden constitucional boliviano corresponde al gobierno central.

Para decirlo en forma breve, el proyecto de los oligarcas de Santa Cruz no es autonómico sino secesionista, e implica un proceso de desintegración nacional, como no lo plantea ningún otro estatuto autonómico en el mundo, salvo tal vez los obtenidos por las regiones iraquíes kurda y chiíta bajo la ocupación militar estadunidense.

El aparente disparate de la propuesta votada ayer –y, como era previsible, aprobada por una amplia mayoría compuesta por ciudadanos reales y por votos fantasmas– obedece a dos propósitos meridianamente claros: por una parte, la urgencia de las derechas racistas bolivianas, criollas en su mayoría, por deshacerse de un presidente indígena, progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia; por el otro, el interés de los grandes conglomerados transnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales bolivianos, control que les ha sido arrebatado en forma paulatina por el gobierno que encabeza el presidente Evo Morales con el propósito de restituirlo a la soberanía de la nación.

El mandatario fue claro en señalar que es el gobierno estadunidense el que “encabeza la conspiración”, habida cuenta que desde Washington se ha venido alentando el pretendido estatuto autonómico cruceño, a fin de negociar con la oligarquía local el acceso a los yacimientos de petróleo y gas y a los recursos hídricos de la región.

Semejante conjura oligárquica y extranjera, realizada a contrapelo de las leyes y de la Constitución de Bolivia, no habría podido emprenderse, ciertamente, en forma pacífica y democrática. La jornada transcurrió, como cabía prever, entre confrontaciones violentas y denuncias sobre urnas que llegaron a las casillas de votación previamente llenadas con votos en favor de la ilegal reforma autonómica. Significativamente, el diferendo reveló una alineación de clases: mientras los grupos pudientes y medios se volcaban por el sí, los sectores pobres y mayoritarios optaron por la abstención, por el voto en blanco o, en algunos sectores, por el rechazo activo a la realización del referendo.

Signo de los tiempos, y no exclusivamente de los de Bolivia, la defensa de la soberanía y de la integridad nacional corre a cargo de las clases populares, mientras los acaudalados hacen causa común con las trasnacionales para propiciar el debilitamiento del Estado y crear condiciones favorables al saqueo de los recursos naturales de nuestros países.

Aunque carece de validez legal, la votación de ayer deja dividida a la provincia en la que tuvo lugar y abre la perspectiva de una inestabilidad de largo aliento en la nación andina. Se sabía: el acoso al gobierno progresista e independiente de Evo Morales está en curso, y el referendo ilegal y antidemocrático realizado por los oligarcas cruceños es apenas uno de los primeros actos de la ofensiva.

Cabe hacer votos porque el pueblo boliviano y sus dirigentes logren sortear con éxito las maniobras que se avecinan y logren, a pesar de ellas, sacar a Bolivia del estado de dependencia, atraso, desigualdad y miseria en el que la ha sumido la alianza tradicional entre los ricos locales y los ricos de fuera.

Consejo Regional de Puno aprueba reglamento que faculta realización de referéndum