Opinión de un académico estadounidense.
por Roger Burbach*
A dos meses de haber asumido, el gobierno del presidente ecuatoriano izquierdista Rafael Correa y los movimientos populares que le respaldan han salido triunfantes en su primera batalla con la oligarquía y los partidos políticos tradicionales que históricamente han dominado el país.
Desde California (EEUU)
Lucha por la independencia y la unidad de América Latina
Correa, en su discurso inaugural de enero, hizo un llamado a entrar en un "nuevo socialismo del siglo veintiuno" y declaró que Ecuador tiene que terminar "el sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad".
La presidencia de Correa tiene sus raíces en un movimiento de masas militante que se ha estado movilizando durante algunos años, cuestionando los intereses económicos y políticos dominantes en el país.
El sistema político ecuatoriano, al cual se lo conoce como «partidocracia», está dirigido por los partidos políticos facciosos dominados por los oligarcas que mueven los hilos de un Estado corrupto que incluye el Congreso, la Corte Suprema, e incluso la presidencia anterior a la elección de Correa.
El propio Michel Camdessus, anterior jefe del Fondo Monetario Internacional, comentó alguna vez que Ecuador se caracteriza "por una relación incestuosa entre banqueros, grupos de presión político-financieros y funcionarios corruptos".
La demanda central del amplio movimiento que llevó a Correa al poder es que la Asamblea Constituyente elabore un nuevo proyecto de Constitución que deshaga el actual Estado disfuncional, termine el reinado de la «partidocracia», refunde el país como una democracia plurinacional y participativa, recupere la soberanía ecuatoriana y convierta al Estado un instrumento para avanzar en políticas sociales y económicas que beneficien a la gente, no a la oligarquía.
Al asumir el poder, Correa emitió un decreto en el que llamaba a una consulta popular para que la gente vote el 15 de abril sobre si desea o no una Asamblea Constituyente.
El Congreso no solo se negó a aceptar la iniciativa del presidente, sino que aprobó su propia ley para la consulta, que estipula que tal Asamblea no tendría el derecho de recortar el mandato de los miembros del Congreso ni de otros puestos de elección popular, los cuales expirarían solo con las siguientes elecciones.
Tampoco sería una Asamblea con poder para refundar las instituciones del país. Es más, con el propósito de convertir la elección de los miembros de la Asamblea en un virtual circo, el Congreso declaró que cualquier persona podría inscribirse como candidato para la Asamblea. No se requerirían de firmas o peticiones, lo que significaría que cientos de personas o más podrían simplemente inscribirse como candidatos para un escaño en la asamblea, con lo cual la votación sería prácticamente imposible de administrar.
Correa respondió, al retomar la legislación del Congreso, eliminando las cláusulas onerosas, adaptándolas a su decreto original para la Asamblea Constituyente destinado a la refundación del país, y lo envió al Tribunal Supremo Electoral, que rige las elecciones y procedimientos electorales. No había mucha esperanza, puesto que el Tribunal es visto históricamente como parte de la «partidocracia». Los movimientos populares comenzaron a manifestarse frente al Tribunal y el Congreso, llamando a su clausura, y exigiendo a Correa que simplemente publique un decreto para la Asamblea Constituyente.
René Baez, analista político de la Universidad Católica del Ecuador, dice:
"Por sorpresa de prácticamente todo el mundo, el repudio popular sacudió la consciencia del Tribunal Supremo Electoral".
Conducido por su presidente, Jorge Acosta, miembro de un partido tradicional de la derecha, el Tribunal declaró que el Estatuto propuesto por el presidente Correa para refundar las instituciones del país es el que debe ser aprobado o rechazado en la consulta del 15 de abril. Furiosos con esta disposición, 57 de los 100 diputados del Congreso votaron por destituir a Acosta del Tribunal. Al día siguiente, Acosta y el Tribunal respondieron con la destitución de los 57 diputados del Congreso, por sus acciones inconstitucionales.
La gente salió a las calles para festejar. Respaldado por los manifestantes, Correa ordenó a 1500 policías que rodeen el Congreso para hacer cumplir el decreto del Tribunal, impidiendo que cualquiera de los 57 representantes depuestos pueda entrar. Estos intentaron llevar a cabo una sesión paralela en un hotel de Quito, pero fracasó, en medio de acciones de manifestantes que les ridiculizaron desde afuera, lanzando pedazos de grasa de cerdo frita a los que entraban y salían.
Puesto que se requiere de un quórum de 51 miembros para que funcione el Congreso, los miembros depuestos esperaban provocar una crisis institucional. Pero debido a una particularidad de la ley ecuatoriana, cada diputado del Congreso es elegido junto con un legislador substituto del mismo partido. El gobierno de Correa aclaró que aceptaría cualquiera de los substitutos que aceptara los actos del Tribunal Electoral. Veinte substitutos rompieron casi inmediatamente con sus partidos, y el Congreso obtuvo el quórum necesario para funcionar.
"Esto es un golpe significativo a la derecha y la oligarquía", dice Rene Báez. "La «partidocracia» ha sido desarticulada en la esfera política."
El presidente Correa proclamó: "Los 57 diputados que intentaron sembrar caos en el país... ahora se los han sancionado y destituido. El congreso continuará funcionando".
Mientras que los planes para la Asamblea Constituyente de refundación del país avanzan, el mismo día que declaró la victoria, Correa aclaró que tiene la intención de aprovecharse de sus poderes y de un Congreso más complaciente, para imponer controles a la banca privada del país, entre otros puntos.
En medio de la crisis política, los bancos difundieron rumores de una «crisis de liquidez», decían que estaban cortos de fondos y que podría ser necesario cerrar sus puertas. Correa declaró: "el problema es exactamente el contrario: Los bancos tienen suficientes fondos y reservas, están rompiendo los records históricos con sus beneficios, beneficios exagerados basados en altas tasas de interés; éstos estarán regulados y controlados".
Correa está conformando una Comisión Especial para investigar los excesos y la corrupción de la banca a partir de 1998.
"Seamos claros " dijo, "los bancos nunca más van a estar en posición de quebrar el Estado".
Con la victoria de Correa y del movimiento popular, se está consolidando en Suramérica un eje izquierdista de naciones, que comprende a Venezuela, Bolivia y Ecuador, que apunta a cambios sociales y económicos profundos en sus países, a la vez que está cuestionando la dominación histórica de los Estados Unidos en la región.
Correa ya ha anunciado que va a cerrar la base militar más grande de los EE.UU. en la costa suramericana, en Manta, Ecuador. También continúa con la cesación del contrato de Occidental Petroleum, la corporación petrolera más grande en el país, cuyos campos concesionados son administrados por la empresa estatal Petroecuador. Ésta, a su vez, está firmando varios acuerdos de cooperación e inversiones conjuntas con PDVSA, la empresa estatal venezolana.
Simultáneamente, los movimientos populares siguen adelante con sus planes para hacer que la Asamblea Constituyente sea un proceso democrático y participativo. En una “Carta Abierta a la Sociedad Ecuatoriana", firmada por muchos líderes de las organizaciones populares del país, declararon que "la asamblea constituyente, como proceso organizativo del pueblo ecuatoriano debe incluir la realización de talleres, seminarios, discusiones en las bases de la sociedad y confluir en Preconstituyentes por sectores -mujeres, pueblos indios, afroecuatorianos, trabajadores, profesores, estudiantes y los comerciantes informales..." "Nunca como antes ha sido tan cierta la tesis de que son los pueblos lo que hacen la historia. Vivimos hoy los comienzos de la formación del poder popular, del poder constituyente. El impulso que viene de las profundidades y las entrañas del Ecuador es potente, tumultuoso".
*Roger Burbach
Estadounidense, director del Center for the Study of the Americas, basado en Berkeley, California. Ha escrito extensamente sobre América Latina, incluyendo, "The Pinochet Affair: State Terrorism and Global Justice." También es autor, junto con Jim Tarbell de: "Imperial Overstretch: George W. Bush and the Hubris of Empire."
Director of the Center for the Study of the Americas based in Berkeley, CA. His most recent books are “The Pinochet Affair: State Terrorism and Global Justice,” and “Imperial Overstretch: George W. Bush and the Hubris of Empire” (co-authored with Jim Tarbell).
2 de abril de 2007
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