"Me detuvieron siendo inocente", reza uno de los fuertes relatos recogidos por la Asociación de Víctimas de la Violencia Política-Sánchez Carrión. Otras víctimas que aún se mantienen en el anonimato esperan la reparación y la justicia.
Flor Elvira Vazallo Peña.
Al cumplirse cinco años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aún se escuchan las voces de aquellos padres sin hijos y de hijos sin futuro que la violencia interna dejó vivas porque no lograron callarlas con los golpes y la muerte. 
Voces que a pesar del tiempo dejan sentir el dolor que significó ver la muerte de seres amados. Voces como la de Teodoro García Araujo, fiel testigo del asesinato de su hijo Sindulfo García Calderón.
"Era el 11 de octubre de 1985. Él tenía solo 19 años y fue el alcalde más joven de Sanagorán (uno de los ocho distritos de la provincia Sánchez Carrión, ubicada en el departamento de La Libertad), cuando fue muerto", recuerda.
Sindulfo se encontraba descansando y llegó un grupo de senderistas armado. "Él se escondió en el techo de su casa, luego bajó. Los terroristas lo rodearon, fue conducido a la municipalidad, ahí lo mataron en el almacén, de tres balazos en la cabeza".
En Huamachuco, se escribieron con balas y torturas diversos crímenes de niños y sus madres y de padres agricultores.
Hechos que cambiaron la vida de Maximina Rodríguez Álvarez (42) una madrugada del 11 de julio de 1992. Presuntos subversivos llegaron hasta su hogar asegurando que eran "compañeros".
TESTIMONIOS
"¡Prende la luz. Dónde está tu papá!", preguntaban al hijo del guardián de la Hidroeléctrica de Yamobamba. "Mi papá se ha ido a Huamachuco", contestó uno de los hijos. "Estás mintiendo", mi papá ha ido a la Colpa, expuso el otro hermano.
La contrariedad llevó a los llamados subversivos a pensar que estaban mintiendo, dice Maximina. Detalla que una voz de mujer dijo desde el exterior de la casa: ¡Sáquenlos!… "Y empezó el interrogatorio".
El hecho giraba en torno al canal de regadío, y tras varias horas de torturas, al no dar con el paradero del padre, ambos hijos, Teófilo y Sixto Ruiz Peña, fueron asesinados. "Nos encerraron, pero logré cruzar la puerta; fui a verlos, estaban muertos en el patio", expresa la viuda.
Rafaela Oloya Barrios (56) es una madre que llora hoy la muerte de su hijo Santos Solano Oloya en un atentado terrorista contra un comboy de la Policía. El joven acompañaba a los agentes. "Mi hijo volvió en el camión con los seis policías y el comandante Jorge Palomino, cuando este fue minado y explotó. Murieron todos", recuerda. Su sufrimiento y abandono moral y económico son patentes. La venta de "marcianos" y otros no es suficiente. "Mi único hijo murió, estoy sola, nadie ha reparado su muerte…".
EL CASO SANDOVAL
"Mataron a mi esposo por no unirse a las filas", habla otra viuda, Clara Sandoval Laguna (47), su testimonio es uno de los actos de padecimiento más fuertes de esos años, sucedido en el pueblo de Hualay-Sarín en la provincia de Sánchez Carrión.
Relata la muerte de su esposo, Juan Mauricio Carhuallay (31), y los hermanos de este, Mario (33) y Alejandro Mauricio Carhuallay (27). Contó que estaba con dolores de parto cuando unos seis o siete sujetos armados rodearon su casa y colocaron dinamita en la puerta para que no salga.
"Los que buscaban a mi esposo eran como seis o siete, uno ingresó, los demás rodearon la casa. Yo estaba con mi mamá y mis tres hijos menores de 7, 5 y 2 años". A pesar de sus rezos, los desconocidos ubicaron a sus familiares y los ejecutaron de un balazo en la cabeza a cada uno.
"Al escuchar los disparos saltamos sobre la dinamita de la puerta y fuimos a verlos, estaban muertos. Sufrí susto, mi niña nació a los dos días, yo estaba inconsciente y un partero la jaló. Nació muerta", expresa en llanto.
Señala que los cadáveres no pudieron ser llevados a Huamachuco, para la autopsia y al día siguiente fueron enterrados. "A los quince días abandoné mi tierra, me trasladé a Huamachuco y empecé a trabajar".
EL TRAUMA DE LA VIOLENCIA
"Me detuvieron, siendo inocente", es otro relato evocado de una víctima, en el anonimato y que aún no abre su testimonio ni se registra en la Asociación de víctimas de la Violencia Política-Sánchez Carrión", que acoge la Casa de la Memoria, conformada en esta ciudad desde setiembre del 2007, por el Proyecto Amigo.
El trauma de la violencia que la condujo a los calabozos, para luego de varios años ser liberada por inocente, se percibe en su mirada.
Existen otros casos que se mantienen aún en el anonimato, pero que exigen justicia y reparación. El repaso de lo acontecido lleva el reclamo de un pueblo que reclama no ser marginado a causa de la injusticia que les tocó vivir en una época que tampoco debemos olvidar, pues, como dice un lema, "un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino". Que no se repita.
El saldo de la violencia
La provincia de Sánchez Carrión era una vez más en su historia impactada por el nefasto problema social. Los distritos de Sarín, Curgos, Sanagorán y Marcabalito sufrían en carne propia los estragos de la zona roja y su insurgencia.
La masacre de Curgos es similar a los casos de La Cantuta, Accomarca, Uchurajay. Aún no es reivindicada. Los implicados en su mayoría se encuentran no habidos en el extranjero y pocos habrían rendido su manifestación.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) estimó que fueron 69,280 las víctimas que dejó la violencia en el país. Parte de su labor fue llevar a cabo audiencias públicas en Huamanga, Huancayo, Trujillo y otros. El Informe Final fue entregado el 28 de agosto del 2003.
La Repùblica
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