Resuelta la extradición de Alberto Fujimori se inicia ahora la fase de su juzgamiento, como en el caso de cualquier persona acusada de haber cometido determinados delitos, de la gravedad que fuesen. Es decir, el proceso que el Poder Judicial tiene en sus manos no tiene nada que ver con juzgar al fujimorismo como movimiento político, ni con evaluar su gobierno ni con echarse a buscar a quienes participaron en la gestión pública durante la década de 1990.
Politizar su juzgamiento será interés del mismo Fujimori y de su grupo de íntimos. Ante el mundo, querrán que el proceso aparezca como un juicio político; e internamente, querrán presentarlo como un acto de venganza de algunos malagradecidos. Los amigos del acusado deben de estar recordando que, en el país, la victimización a menudo tiene buenos réditos políticos. Así, tratarán de reconstruir la vieja polarización de la década pasada, entre el personaje que supuestamente impuso el orden -con "excesos comprensibles", según sus allegados- y los que alentaron el caos y el conflicto militar interno.
Por todo esto es indispensable poner claramente el foco de atención sobre las acusaciones contra el ex jefe de estado, por presuntos delitos de violación a los derechos humanos y graves actos de corrupción. En especial las vinculadas con los derechos humanos, hay que sostenerlas adecuadamente y fundamentarlas de una manera que resulte comprensible para todos.
El trabajo de opinión pública de los defensores de Fujimori y de los "juristas independientes" a los que puedan echar mano se centrará probablemente en demostrar que la teoría de la "autoría mediata" no se sostiene; de ahí la importancia de respaldar y divulgar correctamente esta argumentación.
La mejor manera de responder a esta estrategia es que todas las fuerzas políticas y sociales que están contra la impunidad aboguen por un juicio justo, con la convicción de que quienes son acusados de cometer graves delitos no deben ser mirados con benevolencia. Esto, más aún si han ocupado posiciones de poder, como es el caso de Alberto Fujimori.
Es cierto que, por más que ya se sepa que hay indicios razonables para sospechar de su culpabilidad, como todo acusado Fujimori tiene derecho a defenderse, y en el ámbito legal será inocente mientras no se pruebe lo contrario; pero lo que va aprendiendo el país es que nadie puede matar a personas desarmadas, ordenar que se las mate o dejar de impedirlo si está en sus manos; y que nadie tiene derecho a disponer de los bienes del Estado como se lo dicte su beneficio o el de sus colaboradores. La ley es igual para todos y el poder no otorga impunidad: el largo y contradictorio proceso de construcción de derechos ciudadanos está dando un gran paso adelante.
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