Sin duda alguna que el anuncio del mandatario del país, Alan García, de publicar lista con los nombres de los condenados por terrorismo sacó roncha. Y una de las reacciones vino del presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro. Autoridad cuyo nombre figuraría en esta lista apoyada por unos y reprobada por otros. Yehude Simon aseguró que tomará acciones legales contra el Estado si aparece su nombre en esta lista por una cuestión de honor y dignidad. “Si esto sucede aseguro que tomaremos las medidas legales y denunciaremos el hecho ante los organismos de más alto nivel mundial. Lamentablemente tenemos que pelear contra nuestro propio Estado y eso es una pena”, advirtió. Asimismo cuestionó que con la publicación de nombres de condenados por terrorismo, el Gobierno quiera desviar la atención de la opinión pública a la falta de una política firme en la lucha contra el narcotráfico. Y en ese sentido insistió que esta lucha debe ser liderada por las Fuerzas Armadas y no por la Policía Nacional que pretende combatir el narcoterrorismo en desventaja armamentista frente a cárteles de Colombia, México y Perú, que están armados hasta los dientes. Demandó al Gobierno atacar el meollo del problema con la aplicación de medidas políticas claras a favor de los agricultores cocaleros que admitió es un cultivo tradicional y milenario en el país. “La idea es aplicar acciones explícitas para que el agricultor reconvierta su cultivo”. Dijo que el Gobierno debe tomar urgentes acciones para que los insumos que sirven al narcotráfico no lleguen con tanta facilidad a estos delincuentes, agregó. “Allí está el asunto y no en culpar a 1,800 personas que están en libertad luego de ser condenadas por terrorismo o absueltas o indultadas”, apuntó. Hasta aduce no conocer que en los últimos siete años se hallan registrado actos de terrorismo, salvo aquellos ligados al narcotráfico que está circunscrito a la selva del país, enfatizó. Por lo tanto, aseveró que el anuncio de publicación de nombres de condenados por terrorismo es otro error del Gobierno porque “comprenderá a gente que nada tuvo que ver con el terrorismo e incluso que fue declarada inocente por una Comisión de Indultos o el Poder Judicial”. Actos que aduce Simon obligó al Gobierno de Alejandro Toledo a pedir perdón. También precisó tenerle sin cuidado si el Gobierno apunta políticamente a él con publicación de nombres de condenados por terrorismo. “En dos oportunidades el pueblo lambayecano me ha respaldado además tengo mucha aceptación a nivel nacional”. Reiteró que con esto, el Gobierno trata de justificar su estéril accionar contra el narcotráfico y la muerte de más de cinco policías productos de cobardes ataques narcoterroristas, apuntó. Adelantó resistirse a creer que exista remanentes de terorrismo sino apostó por la existencia de gente sin ideología que se vende al narcotráfico.
Indignación… Más adelante, Simon aseveró que este anuncio es un absurdo sin sentido planteado por el jefe de Estado, Alan García Pérez. Sostuvo que es una locura decir que existen 1,800 liberados por terrorismo metidos en las acciones subversivas “cuando lo que soporta el país es una alianza narcoterrorista en la selva”. Incluso señala que no hay 1,800 terroristas en libertad sino un sector de gente inocente entre estudiantes y trabajadores sindicales que durante el régimen de Alberto Fujimori fueron detenidos de manera injusta. “Para luego este ex mandatario forme una comisión especial para que mediante la figura jurídica del indulto razonable buscar a los inocentes. Esto libró de 500 a 600 con las firmas de los ex mandatarios Alberto Fujimori y Valentín Paniagua, expresó. Y esta gente no puede ser considerada terrorista sino víctima de la dictadura, se defendió Simon luego de indicar que otro grupo que no pasó por esta comisión ad hoc fue liberada por el Poder Judicial al declararlo inocente. Otro sector fue gente arrepentida que colaboró con el Estado para la detención de sus mandos, añade. “Si están arrepentidos, no existe lógica de publicar sus nombres”. Y también hay gente que perteneció a grupos subversivos de Sendero Luminoso y MRTA, pero “ya pagaron con la prisión de sus culpas y ahora caminan libremente por las calles”. Afirmó que el 80 por ciento de esta gente tuvo que rehacer su vida, buscar trabajo y superar sus problemas psicológicos. “Ahora se pretende publicar sus nombres en listas públicas, que lo único que conseguirá es que los boten de su trabajo, afectar a sus familia e inclusive producirles traumas”.
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