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Yehude Simon debe su puesto a la corrupción, digamos a las explícitas conversaciones de Rómulo León y Alberto Químper, que entre otras cosas trabajosamente se llevaron de encuentro la imagen que había armado Jorge del Castillo sobre sí mismo en un largo número de años. Era inevitable, por ello, que el nuevo primer ministro tuviera que decir en su presentación ante el Congreso que la prioridad de su gobierno va a ser la lucha contra este flagelo, ya que obviamente no puede haber democracia sobre la corrupción. El problema es que Simon parece no tener idea de cuál es la corrupción con la que se tiene que enfrentar y el grado de emergencia en que se encuentra el país. Y de ahí la idea de pedir un plazo de 120 días para elaborar un plan, que es casi como anunciar la redacción de un manual de procedimientos, en vez de ofrecer una respuesta política.
¿Quién garantiza lo que va a pasar en los próximos cuatro meses al ritmo actual de petroaudios, ratamails, coimafaxs y otras evidencias que están apareciendo día a día, escalando cada vez mayores alturas del poder? ¿Habrá todavía gobierno y primer ministro cuando tengamos el documento? Y es que no estamos hablando de la enfermedad genérica de la corrupción pública que ataca al Estado en todos sus estamentos, sino de un agudo brote de pus que tiene su epicentro en las relaciones entre el poder y la inversión, principalmente extranjera, que como se descubre todos los días ha venido siendo un juego de arreglos: normas, concesiones, contratos, controles, etc., que son amarradas por abajo mientras se aparenta competencia y cumplimiento de la ley. Es esto lo que ataca la gobernabilidad y no lo que pueda decir Ollanta.
¿Está consciente Yehude de lo avanzado de este absceso y de la urgencia de tomar medidas inmediatas para cortar la capacidad de las altas autoridades de entenderse con determinados agentes de la inversión y ofrecerles sacarles una ley o un decreto para explorar y explotar áreas protegidas, para facilitarles la compra de tierras o para controlar el mar a través de cuotas; o para arreglar asignaciones directas de obras “urgentes”, o de manejar licitaciones a su favor; o modificar contratos; o paralizar acciones de fiscalización; etc.?
Citas clandestinas
Lo primero que se exige es reconocer lo que ha estado pasando, y que premier, ministros y viceministros, presidentes regionales y alcaldes, directores de empresas y secretarios personales de la presidencia, hayan estado reuniéndose en la suite privada de un magnate interesado en invertir en todos los campos; es decir, de intermediar a nombre de muchos otros, es un indicio de que estaba en desarrollo un complot contra la transparencia.
Los diálogos de Rómulo, Químper, Canaán, son coherentes con el estilo clandestino de las negociaciones en las que Del Castillo dice que participó seis veces, Alva reconoce tres, Zavala tres y el propio Simon habla de una. Lo que pasa es que jamás nos hubiéramos enterado de la existencia de estas extrañas visitas si el escándalo no sale al aire.
En los 90, el Perú vivió una eclosión de corrupción muy semejante a la que estamos presenciando, de donde salieron anticorruptores del más diverso pelaje, muchos de ellos en busca de figuración política y otros de currículum profesional y relaciones con gente con dinero y pasado dudoso. Pero lo que no se consiguió ni de lejos es una depuración profunda del país, en la que los corruptos no siguieran manejando los bancos, los servicios públicos, los medios de comunicación, los bufetes de abogados y las empresas de consultoría, etc. Peor aún, el nuevo régimen post Fujimori buscó reconstruir el sistema de ventajas mutuas, pero con ellos como actores.
Más de lo mismo
Las consecuencias de haber convertido la anticorrupción en un discurso inconsecuente es que hayamos tenido más tarde la desilusión más grande con Toledo y sus hermanos haciendo gestiones para sacar tajadas de las compras públicas y los contratos, así como para colocar al mayor número de sobrinos en puestos remunerados del Estado, el chantaje a los fujimoristas en desgracia, las preferencias por algunas empresas (Odebrecht, Suez), etc., y que estemos llegando ahora al repugnante desenlace del segundo gobierno de García, donde da la impresión de que hemos dado la vuelta de 180º, para volver al mismo sitio.
Si la prioridad es la lucha contra la corrupción, la primera medida debiera dirigirse a separar la gestión de Estado de la de negocios y prohibir el trato secreto entre funcionarios e inversionistas, incluido el propio Presidente de la República. Junto a esta determinación de sanidad pública debería ponerse inmediatamente en revisión todos los contratos, firmados por el Estado desde el 28 de julio de 2006, a partir de un monto que se considere significativo y establecer quiénes tomaron parte y con qué grado de transparencia.
Un tercer punto muy importante es que se investigue y se diga claramente cuáles estudios de abogados y consultoras privadas han tenido participación en la elaboración de leyes y decretos, y quiénes integran su cartera de clientes para establecer si han intervenido a favor de sus intereses.
Antes que cualquier plan a 120 días, se requiere recuperar la confianza del país. De otro modo pueden pasar cosas muy serias.
Modelo para armar
La solución a la corrupción para el presidente García es no perderse en escandaletes.
Para el ex premier Del Castillo es creer en su palabra.
Para el ministro del Interior, cuidar lo que se habla cuando se usa el teléfono.
Para Meche Aráoz, que a ella no le importa que la chuponeen.
Para el presidente de Perupetro, no renunciar pase lo que pase.
Para Garrido Lecca, aplicar la tecla mute.
Para Rafael Rey, refugiarse en El Vaticano.
Para Alva, preguntar sobre qué se está investigando.
Para la ex ministra Zavala, que no le pregunten por su collar y sus aretes.
Reglas de moralidad
Como un aporte al plan contra la corrupción que redactará el primer ministro, le alcanzamos aquí algunas ideas.
1) Prohibir las visitas de ministros y altos funcionarios, así como de autoridades regionales y municipales, a las oficinas, viviendas y hoteles de ejecutivos de empresas que se proponen invertir en el Perú o propongan modificaciones en sus contratos.
2) Considerar incompatible la actividad de lobby de ex ministros, ex congresistas y funcionarios de nivel equivalente, así como de miembros afiliados al partido de gobierno, y representar intereses particulares ante instituciones públicas.
3) Descartar definitivamente la participación de las llamadas entidades internacionales como el PNUD, OEI y otras, en los procedimientos de asignación de obras, consultorías y contratos de técnicos de alto nivel con el Estado, que carecen de transparencia y mecanismos de control eficaces.
4) Obligar a las instituciones públicas a responder por la participación de empresas privadas en la contratación de estudios y consultorías para la toma de decisiones de naturaleza legal y administrativa, como en el caso del Estudio de Apoyo Consultores para la Pesca.
5) Prohibir la intervención de ministros en la gestión de iniciativas legislativas de naturaleza tributaria.
6) Establecer causales precisas que descalifiquen a aquellas personas que han tomado parte en negociaciones dudosas con el Estado y que carecen de autoridad moral para seguirlo haciendo.
Considerar como causal de derogatoria automática a aquellos Decretos Legislativos aprobados en el marco de las facultades otorgadas para el TLC, en los que se demuestre que han sido gestionados a favor de intereses particulares.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación LA PRIMERA Peru
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