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A un año de la tragedia, el gobierno y los dirigentes nativos solo tratan de obtener provecho político y limpiarse de responsabilidades.
La peor matanza en un asunto de orden público y la peor masacre de policías en la historia del país, sigue en la impunidad un año después.
Solo tres detenidos por la tortura y asesinato a sangre fría de decenas de policías en la Estación Nº 6 de Petroperú y en la Curva del Diablo.
Alberto Pizango, uno de los incitadores del bloqueo y la matanza, de regreso y libre gracias a un acuerdo bajo la mesa con el gobierno.
La inepta y cobarde Mercedes Cabanillas, que atribuyó toda la responsabilidad a la Policía y negó sus evidentes errores, limpia de polvo y paja, aspirando ahora a ocupar otro ministerio.
El individuo que ocupaba la Dirección de la Policía en ese momento, un inútil indigno de vestir el uniforme policial –por eso los apristas lo nombraron en ese cargo–, enviado a Washington disfrutando de un salario de lujo, retribución por su complicidad y silencio.
Y como cereza para coronar el pastel, una ley de consulta previa que otorga derecho a veto a ciertos grupos vagamente definidos, sobre el uso de los recursos de todos los peruanos.
Fracaso total
La estrategia del gobierno de Alan García para enfrentar la huelga fue un desastre de principio a fin. Consistió simplemente en mecer a los nativos, engañarlos sistemáticamente con la esperanza de que se cansen y se vayan a sus casas.
Y al final, cuando eso no funcionó, una acción violenta mal preparada y peor ejecutada.
Al comienzo el gobierno aparentó firmeza, con el presidente García asegurando que sus decretos no serían derogados de ninguna manera y que el TLC con los Estados Unidos dependía de ellos. Después de la matanza los derogó, sin que el TLC se desmoronara, mostrando que todo había sido una farsa.
Finalmente, 34 muertos, una gran herida abierta, negativas y duraderas consecuencias, por nada. El motivo declarado del gobierno, favorecer la inversión y el desarrollo en la selva, con más obstáculos que nunca.
Politiquería
El gobierno acusó a congresistas humalistas y líderes nativos de mentir y hacer demagogia respecto al contenido de los decretos. ¿Y qué esperaba? ¿Que dijeran la verdad, que lo respaldaran?
Era responsabilidad del gobierno y del Apra, que cuentan con muchos recursos, explicar sus puntos de vista, persuadir, convencer. No lo hicieron. Están ocupados en sus negociados y sus disputas internas.
El actual premier, Javier Velásquez Quesquén, era presidente del Congreso y ofreció a los nativos en varias oportunidades discutir la derogatoria de los decretos, dado que había varios proyectos de ley en ese sentido. No lo hizo. Los engañó. Su último ardid lo practicó el jueves 4 de junio, cuando –muy astuto él– nuevamente postergó el debate. Al día siguiente, con los ánimos exaltados, se produjo la matanza.
En suma, politiquería barata, astucia de timadores, picardía de malandrines, muy útil para manejarse con la gavilla de sinvergüenzas que habitan en el Congreso –lo controlan con sobornos y chantajes–, pero inservible para enfrentar asuntos como el de Bagua.
Una ley peligrosa
Una de las consecuencias del “Baguazo” es la ley de consulta previa para adecuar la legislación al Convenio 169 de la OIT que ha aprobado el Congreso.
En el artículo 3º de esa ley, todavía no promulgada al momento de escribir estas líneas, se otorga derecho a veto “a los pueblos indígenas u originarios” respecto a medidas que les afecten directamente.
El texto dice que se requiere el “acuerdo o consentimiento” de los afectados. Eso excede largamente lo que establece el Convenio 169, que no pretende limitar la autoridad del Estado, sino proteger a los pueblos originarios.
La definición de pueblos originarios es amplísima, e incluye a “comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas y pueblos amazónicos”. Así, las comunidades, muchas de las cuales han sido constituidas en las últimas décadas y están conformadas por mestizos completamente adaptados, pasan a formar parte de los “pueblos originarios”, con un tratamiento especial.
El Convenio 169 está orientado a proteger los derechos de los pueblos indígenas, que han conservado su cultura, tradiciones e identidad, que los hacen diferentes al resto de la nación, y distantes de las instituciones nacionales y el régimen político del país.
Ese puede ser el caso de algunos grupos nativos de la selva, pero en ningún caso de todas las comunidades y de aquellos que se definan a sí mismos como indígenas.
Resumen
En suma, la tragedia de Bagua muestra la incompetencia del gobierno, la irresponsabilidad y demagogia de los dirigentes indígenas y sus defensores humalistas, y la impunidad que reina en el país.
fuente: http://www.larepublica.pe/
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