En julio de 2009, un mes después de los sucesos de Bagua, Henry Pease García, escribió el siguiente artículo en la revista Coyuntura, Análisis Económico y Social de Actualidad, una publicación del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica. Al cumplirse un año de los trágicos acontecimientos, Expresión reproduce el texto porque, al parecer, muchas de las situaciones políticas de entonces, aún subsisten.
Escribe: HENRY PEASE GARCÍA*
La muerte de 33 peruanos —23 policías y 10 civiles— y la desaparición de un oficial de policía es el más duro golpe que ha recibido este gobierno mediocre y abusivo. El gabinete Simon, que nació como una salida del presidente ante el escándalo de los “petroaudios” cayó desgastado a pesar del formidable esfuerzo personal del premier para dialogar con todos los frentes que se abrieron en el país tras el primer retroceso.
La notable capacidad demostrada por el régimen aprista en el “control de daños” ante el destape de la corrupción, que comenzó con la rápida caída del gabinete del Castillo y siguió con las jugarretas que han convertido la investigación parlamentaria, fiscal y judicial en un sainete corrupto, no se ha podido reiterar en este caso. El despotismo presidencial que ya se veía desnudo en los artículos sobre el perro del hortelano, muestra los límites y la precariedad propia de una apuesta democrática que es precaria por excluyente y por incapaz de usar las armas de la democracia en la operación de sus instituciones. Quien lea este artículo solo como una crítica al presidente y al gobierno aprista habrá entendido poco de su mensaje y haría bien en poner las barbas en remojo. Porque aquí hay que preguntarse por qué los políticos que se entienden demócratas reaccionen de la misma manera que cualquier autócrata cuando la gente protesta y cuestiona lo que el gobierno hace. La enérgica defensa del principio de autoridad se hace dentro de la misma raigambre autoritaria que evade la aplicación de los principios de todo gobierno representativo.
DESPOTISMO PRESIDENCIAL Y PRESIDENCIALISMO
El 4 de junio, víspera de la tragedia, el parlamento tuvo la oportunidad de echar agua al fuego para impedir el incendio. Ya su Comisión de Constitución había declarado inconstitucionales dos decretos legislativos fundamentales y había que aprobarlo en el pleno. No lo quiso hacer y lo hecho demuestra, otra vez, que no funciona la división de poderes. No es un problema técnico: en todo presidencialismo, la estabilidad depende de la división de poderes y el más consolidado —Estados Unidos de Norteamérica— sería incomprensible sin el federalismo. Aquí la concentración de poderes en el presidente lo convierte en un déspota, salvo que muy fuertes rasgos de personalidad lo compensen.
Lo mínimo que debe significar la división de poderes es que cuando uno —el Ejecutivo— se obsesiona y solo mira el árbol en vez de prever el bosque, otro poder del Estado le da una salida a la obcecación. Pero eso no vale aquí. El presidente no quiere que nadie le enmiende la pana ni en su respectivo campo de atribuciones.
Quiere todo el poder, el de la ley y el del ejecutor. Actúa como jefe político, ordena, exige a su bancada, tiene poder, chantajea. Si no lo obedecen, no estarán en la lista siguiente que se hará durante su presidencia.
Tal como refiere el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el 20 de agosto de 2008, el Congreso fue parte de las “mecidas” que el gobierno hizo a los nativos. Allí se firmó un acta, ofreció derogar decretos que no derogó a tiempo y formó una comisión multipartidaria que poco pudo hacer.
Cualquiera que lea los hechos del caso de los “petroaudios” y ubique a los actores apristas del Ministerio Público y el Poder Judicial podrá ver que tampoco en este caso funcionó la división de poderes, a pesar del rol inicial, firme y decidido de la Fiscal de la Nación.
A ESPALDAS DEL PUEBLO
El gobierno representativo que reclamamos como democracia tiene principios que lo caracterizan universalmente.
Uno de ellos es la deliberación pública antes de dar la ley, como lo recuerda Bernard Manin. El debate público previo a la ley significa gobernar frente al pueblo. Los ciudadanos podemos actuar a favor o en contra de las iniciativas antes de que sean ley. Nos dicen ahora que hubo problemas de comunicación, que algunos peruanos actuaron con encono contra esos decretos, que se han sembrado mil mentiras sobre ellos, etcétera. Pero el encono nace de la norma en que, sorpresivamente, sin debate ni consulta previa, aparece en el diario oficial como hecho consumado. Dirán algunos “constitucionalistas” que eso es “constitucional” como si todo lo que permite la Constitución fuera automáticamente bueno o conveniente. Se desechó aquí el camino esencial que ofrecen las democracias para que consensos y disensos se produzcan en paz y no ante hechos consumados. Si estuviéramos hablando de una ley de alta complejidad técnica o burocrática —como las compras del Estado o la macroeconomía— podrían delegarse facultades y no en todos los casos. Pero si hablamos de leyes que afectan la vida cotidiana, la propiedad o el trabajo de los ciudadanos y los pueblos, delegar eso es una barbaridad. Y de barbaridades está construido nuestro régimen político: en un solo día el presidente Belaúnde sacó más de doscientos decretos legislativos. Otro tanto hizo el primer gobierno de García y el de Fujimori en 1990. Pocos recuerdan que por este mecanismo se dieron todos los decretos que cambiaron el llamado modelo económico hacia el neoliberalismo que reclamaban los organismos multilaterales en 1990.
Lo demostré en un libro sobre esa autocracia.
Es decir, se quiere seguir gobernando por decreto y por sorpresa, contradiciendo los principios de la democracia representativa. No se aprovecha la ventaja de sus instituciones más caras como la deliberación pública antes de dar la ley. El fujimorato usaba las madrugadas y ahora siguen usando la delegación indiscriminada de facultades. Insisto, es constitucional pero es ilegítimo y los hechos lo han comprobado.
Se “mece” a la ciudadanía que protesta con mesas de diálogo que desplazan al parlamento como escenario de la deliberación
Vi con simpatía el esfuerzo del premier Del Castillo por dialogar y he visto de la misma manera lo hecho por el premier Simon. El Estado funciona todavía en la lógica militar “gobernar es mandar” y la mayoría de políticos y periodistas conservadores lo ve así. Era, pues, una sana innovación pero se ha deformado. Es el parlamento el lugar de la deliberación política, el lugar esencial del diálogo.
Deben ser los parlamentarios —y sus reglas— los que estructuren el diálogo con toda la ciudadanía como lo es en cualquier régimen democrático. El Ejecutivo puede tener instancias previas pero no paralelas ni sustitutivas.
Es que en el parlamento es más difícil la “mecida” porque las otras fuerzas políticas pueden controlar los abusos. Pero ocurre que la falta de experiencia y profesionalismo de las bancadas de la oposición ha hecho que el partido de gobierno haga lo que quiera en este poder del Estado que hoy no parece ser tal.
El hecho es que hay más de un año de “mecidas” a los ciudadanos de la selva que explican la furia desatada y deben comprender los políticos que eso daña el sistema y genera inestabilidad elemental.
PARLAMENTARIOS EN BAILE DE MÁSCARAS
Todavía encuentro políticos y académicos que ingenuamente llegan a decir que algunas instituciones parlamentarias enquistadas en nuestro régimen presidencial lo han atenuado hasta afirmar que somos un semipresidencialismo. En un viejo texto sostuve que esos mecanismos habían acentuado entre nosotros el presidencialismo. Hoy sostengo que han generado un despotismo presidencial y no crean que solo tengo en mi mente una imagen del actual inquilino de palacio, que ciertamente lo ilustra muy bien pero sin derechos de exclusividad.
Invito a comparar constituciones y encontrar una en la que el régimen presidencial sea compatible con el voto de investidura que pone nuestra Constitución por invento fujimorista. Pero esto no se entiende en la lógica de esa constituyente sin el chantaje que supone la posibilidad presidencial de disolver el Congreso. ¿Será por eso que es imposible el voto de censura a un gabinete?
Es que los congresistas no tienen vocación de bonzos.
Hemos visto en esta coyuntura un pliego interpelatorio con una sola pregunta y el premier Simon no la respondió, aunque dio muchas vueltas. En la Cámara de los Comunes, la respuesta hubiera sido muy simple.
Lo hizo el gobierno de su majestad. Aquí el gobierno y su majestad son la misma persona y quizá por eso y por otras exageraciones caudillescas y mesiánicas hay una excesiva personalización de los hechos. Allá es el gobierno el responsable y no hay quienes responsabilicen a otro ni separen primer ministro del ministro responsable. La reina reina pero no gobierna y aquí, como bien escribió Francisco Eguiguren, han tenido la estupidez de invocar ese precedente para hacer que el presidente sea legalmente intocable y llegue a convertirse, como Fujimori, en un promotor del delito.
Pero aquí, viendo el debate y las ligerezas de los congresistas, habría que preguntarse cómo este tipo de institucionalidad deformada contribuye a que se responsabilice a quien no es responsable de las decisiones o a que la ministra del Interior llegue a decir que solo era una procuradora de recursos para la policía. Lo ha dicho una mujer con experiencia política y de trayectoria valiente, acostumbrada a sacar la cara pero que no distingue entre un operativo planificado y una emboscada, cosa que debe haber hecho muy contradictorias sus indicaciones más aún si tiene un presidente de carácter fuerte, acostumbrado a presionar y a trabajar con secretarios y no con ministros.
Y del perro del hortelano se pasó a calificar a los indígenas de ciudadanos de tercera y a denunciar un complot internacional
Al pueblo peruano nadie lo engaña por mucho tiempo.
Por eso, a pesar de la parodia, fue la popularidad de Alan García la que se vino abajo. Pero lo que hay que preguntarse es si el escepticismo y la idea de que todo político es mentiroso no se alimenta con este manejo institucional. El autor de los artículos que revivieron al perro del hortelano, que escribió expresando el desprecio tradicional que los oligarcas inculcaron contra la gente pobre y sencilla, ha pasado a dividir a los ciudadanos en primera, segunda y tercera. ¡Qué vergüenza!
El partido que insurgió contra la vieja oligarquía no solo se alió con ella en los sesenta, sino que ahora repite su exclusión y la actualiza en tiempos que resulta desestabilizador sostener esas ideas. De allí a la teoría del complot y a la resurrección de la guerra fría quedaba poco camino. Ya lo recorrió.
REACCIÓN AUTORITARIA ANTE PROTESTA
En este contexto, parece normal lo que vemos cada vez que alguna parte de la ciudadanía protesta. Se reacciona con autoritarismo, como si fueran dueños del poder y no mandatarios elegidos por un tiempo al fin de cuentas corto, como si no tuvieran que rendir cuentas de sus actos. El comando político decide desalojar a la gente que invade y actúa fuera de la ley porque el gobierno lo hizo primero vaciando de contenido el espíritu de la ley y contradiciendo el comportamiento típico del los gobiernos representativos. Así volvemos al monarca y a su corte, y si los parlamentarios no se dan cuenta terminarán de simples cortesanos.
En la lógica del comando policial y en el apoyo de las Fuerzas Armadas hay contradicciones elementales.
Un operativo con resultados sangrientos no puede confundirse con una emboscada. El comando decide cómo, cuando, donde y con qué elementos actúa y si hay emboscadas es porque no planificó bien. Pero un gobernante demócrata, presidente o ministro, primero dialoga, analiza los hechos y las causas de la protesta, no puede cerrarse en terquedad alguna y si se han obviado pasos tan elementales como la publicidad del debate de la ley o la consulta previa que un tratado exigía, más aún si se trata de ciudadanos reclamando por sus derechos más elementales, se reabre el diálogo, no importa la magnitud de las discrepancias ideológicas.
¿Quién querrá invertir en medio de este maltrato?
Para reformar el Estado hay que reformar la política: democratizarlo es entender de otra forma la función de la política y el político.
* Profesor de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales y Director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica.
fuente: http://www.semanarioexpres
No hay comentarios.:
Publicar un comentario