De todas las denuncias que ingresaron a la Comisión de Ética en dos años, 11 casos terminaron como sanciones efectivas, 6 de ellas fueron suspensiones por un mal que ya se ha convertido en un cáncer casi incurable, las contrataciones irregulares de personal. Hijastros, empleadas domésticas, amantes, nueras y sobrinas de parlamentarios, entre otros, fueron descubiertos como personal de confianza de congresistas a pesar de que la ley lo impide. 
En la lista de castigados figuran Elsa Canchaya, de Unidad Nacional; Tula Benites, del Apra –estas dos fueron desaforadas del Congreso–; Ricardo Pando, de Alianza por el Futuro (60 días de suspensión); Walter Menchola, de Unidad Nacional (120 días de suspensión); José Vega Antonio, de Unión Por el Perú (30 días suspendido); y la nacionalista Yaneth Cajahuanca (30 días suspendida). Otros diez congresistas también fueron denunciados por la prensa por faltas similares pero en la Comisión de Ética los exculparon "por falta de pruebas".
En ese balance de denunciados aún no se incluye a dos joyitas que han coronado el segundo año de "trabajo" de nuestros congresistas: el caso de la upepista Margarita Sucari, a quien se le acusa de recortar el sueldo a una de sus empleadas –aunque con lágrimas ha dicho que es falso–, y el caso de José Anaya (UPP) a quien lo han pescado falsificando groseramente comprobantes de pago de una pollería para justificar el cobro de sus gastos operativos.
¿A dónde ha llevado al Congreso tantas denuncias de corrupción? A un nivel de aprobación que según la última encuesta nacional urbana de Apoyo ha descendido al ridículo 9%. En julio del año pasado ese indicador era de 17%. Con esas cifras este Congreso le ha ganado al Congreso del toledismo que a su segundo año de gobierno –julio 2003– tenía 15% de aprobación, según encuesta de Apoyo.
Para el director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, Luis Benavente, la imagen del Congreso se ha deteriorado por hechos escandalosos como el caso del congresista Miro Ruiz, quien mató a balazos al perro de su vecina, las denuncias por contratos de empleados fantasmas y la falsificación de facturas de pollerías. "Este es un Congreso de muy bajo nivel, con personas no calificadas. Además contribuye a su deterioro el hecho de que el propio Congreso no ha sabido defender su imagen porque no ha aplicado sanciones rápidas y drásticas a los que han cometido faltas", agrega.
En abril del 2007 se descubrió que la congresista Elsa Canchaya había contratado a su empleada doméstica, Jacqueline Simón Vicente, una joven con quinto de secundaria, como su asesora y con un sueldo de 4,697 soles. La congresista dijo que era víctima del racismo. Sus descabellados argumentos de defensa no le sirvieron para que fuera desaforada del Congreso y el Poder Judicial la sentenciara a tres años de prisión suspendida por el delito de falsedad genérica en agravio del Estado.
En el caso de Walter Menchola (UN), recomendó a su pareja sentimental Karen Ku Peña, estudiante universitaria, para ser contratada en el despacho de su colega Martín Pérez (UN). La señorita Ku cobró dos meses su sueldo pero sin asistir a trabajar. La aprista Tula Benites también contrató a un empleado fantasma y la opinión pública presionó para que reciba su merecido: el desafuero. Pero los escándalos no se han detenido, los primeros días de agosto el Pleno del Congreso suspendió sin goce de haber por 60 días al humalista Miro Ruiz por matar a balazos a un perro de su vecina.
TRANSFUGUISMO
En poco más de dos años de labor parlamentaria se han registrado 25 casos de transfuguismo en el Congreso. En junio del 2006, el entonces humalista Carlos Torres Caro se convirtió en el primer disidente de la alianza Partido Nacionalista-Unión Por el Perú (PNP-UPP). 
Torres Caro, finalmente, abandonó las filas de UPP –agrupación con la cual llegó al Congreso– junto a los también upepistas Gustavo Espinoza y Rocío Gonzales. Los tres formaronel Grupo Parlamentario Especial Demócrata (GPED). Fue así que Torres Caro ‘chapó’ la vicepresidencia del Congreso en julio del 2007. Los tres gatos del GPED apoyaron la candidatura de Luis Gonzales Posada a la presidencia de la Mesa Directiva. Ese oportuno apoyo le dio a Torres Caro el trono de la vicepresidencia.
Pero en julio de este año tanto Espinoza como Gonzales dejaron el GPED. Ellos y Torres Caro ahora son congresistas ‘no agrupados’, más pegados al oficialismo que a la oposición. Sin embargo, los dos primeros no se pueden ver con el tercero. Es decir, hasta un grupo de tres está fragmentado en dos.
En realidad, la bancada que más cambios ha sufrido ha sido la de UPP-PNP. En julio del 2006 esa alianza tenía 45 parlamentarios. Luego del incidente de Torres Caro y compañía, Álvaro Gutiérrez dejó el PNP (setiembre del 2006), del cual era vocero, y se integró a Unión Por el Perú. Tras el apoyo que un puñado de congresistas de UPP le dio a Velásquez Quesquén en julio pasado para liderar la Mesa Directiva, la ruptura upepista se materializó por completo.
Los congresistas del PNP (ahora son 23) habían decidido a fines del 2006 separarse de los de UPP. Por su parte, los upepistas mantuvieron su propia bancada, cuya tendencia es pro aprista. Ellos son: José Vega, Eduardo Espinoza, Karina Beteta, Freddy Serna, Carlos Cánepa, José Anaya, Francisco Escudero y Aldo Estrada.
Pero otros ocho disidentes de UPP (ver infografía) se alejaron de su matriz partidaria y formaron la bancada Unión Popular Patriótica, enmarcada en la oposición. Otro grupo upepista, de raíz opositora (Washington Zeballos, Gloria Ramírez y Rosa Venegas), no se alineó con los disidentes y formó el Grupo Especial de Compromiso Democrático (GECD). En otras palabras, Unión Por el Perú, en apenas dos años, se ha fracturado en cuatro partes y ha diversificado sus apoyos políticos entre el oficialismo y la oposición.
La de Unidad Nacional también ha sido otra bancada afectada por el transfuguismo. En mayo del 2007 Wilder Ruiz Silva dejó la bancada de UN, al igual que Michel Urtecho. Ambos pertenecen a Renovación Nacional y apoyan al partido de gobierno. Del mismo modo, en julio pasado Fabiola Morales y Walter Menchola (de Solidaridad Nacional) abandonaron las filas de UN y se alinearon con el Apra, algo que Luis Castañeda debe mirar con muy buenos ojos.
Esos cuatro ex representantes de UN formaron una nueva bancada llamada Unión Nacional. En esta también están dos disidentes de Alianza Parlamentaria, Juan Perry y Alda Lazo. Todos apoyan al Apra. Además, Martín Pérez (quien pertenece a Solidaridad Nacional) es, en la práctica, un voto menos para Unidad Nacional. Eso quiere decir que UN, de las 17 curules que tuvo en julio del 2006, hoy solo cuenta con 12. Prácticamente, los únicos grupos que no han sufrido el transfuguismo son el Apra y los fujimoristas de Alianza por el Futuro. Ambos suman 49 congresistas. Si a ellos se agrega el apoyo de los disidentes de UPP (8) y de los integrantes de Unión Nacional (6), el partido de gobierno cuenta con 63 votos seguros (mayoría simple) para cualquier elección en el Congreso. 
Con tanta ida y vuelta las cinco bancadas que formaron el Congreso en el 2006 ahora se han convertido en ocho: Apra, Alianza por el Futuro, Unidad Nacional, Unión Por el Perú, Partido Nacionalista, Unión Popular Patriótica, Alianza Parlamentaria y Unión Nacional. Además, en poco más de dos años también surgieron tres grupos especiales: el de Compromiso Democrático, el Parlamentario Especial Demócrata y el Parlamentario Especial.
Lo cierto es que el propio Reglamento del Congreso parece alentar el ‘cambio de camiseta’ según las conveniencias: en su artículo 37 dice que una nueva bancada se puede formar con apenas seis integrantes. Y el mismo artículo admite la formación de un grupo parlamentario especial con menos miembros, pero solo para efectos de presentación de proyectos. Así, es posible que para agosto del 2009 se formen otros grupos parlamentarios bajo el lema del insigne Carlos Torres Caro: "Antes de pensar en el bienestar del país tiene que estar el bienestar tuyo".
TRAICIONAN A LOS ELECTORES
Según el analista Carlos Reyna, el tema del transfuguismo político en el Congreso debe tomarse en su medida justa. Refiere que hay casos de congresistas decentes que deciden retirarse de una bancada por no comulgar con una línea inescrupulosa. "Esos, creo, no son tránsfugas. Si te vas por principios, no. Pero creo que el tema pasa por el mismo gobierno. El Apra ganó la elección con un programa determinado, y ahora gobierna con otro. Entonces, el partido de gobierno también se volvió tránsfuga, aunque de sus filas nadie se haya ido", señala Reyna. Del mismo modo, considera que la llamada fragmentación partidaria no es el tema de fondo. "Eso se sobredimensiona. El verdadero tema es la deslealtad hacia los ciudadanos. El número de bancadas termina siendo una cuestión de forma, pero las líneas políticas son las que importan. El motivo real es la polarización, bloques que se enfrentan y eso genera inestabilidad. Aunque, claro, es verdad que la alianza apro-fujimorista que controla las principales comisiones y la Mesa Directiva ahora se ha visto favorecida por muchos congresistas con tendencia pro aprista. Pero no es por la fragmentación en sí, sino porque se pretende seguir esa misma línea política. Ahí también hay polarización: por un lado están el Congreso y el gobierno y, por otro, los sectores sociales".
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