RONALD GAMARRA. Ex procurador anticorrupción y abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta exige que el Ejército pida disculpas a las víctimas del conflicto interno.
Silvia Mori.
La Repùblica
¿Cree que existe un deseo verdadero por parte de las Fuerzas Armadas para que se esclarezca la masacre en Putis? 
Lamentablemente, a pesar de los años, el Ejército no ha tomado cuenta de los crímenes que se produjeron con ocasión del combate contra el terrorismo. Por supuesto que hay que reconocer la valentía y la entereza con la que los miembros de las Fuerzas Armadas enfrentaron a los terroristas, pero no podemos cerrar los ojos frente a una práctica sistemática de violaciones a los DDHH. El Ejército peruano tiene que pedir perdón a quienes sufrieron esos crímenes en Putis y a sus familiares.
El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, y el general Edwin Donayre han dicho que colaboran con las investigaciones. ¿Esto realmente sucede?
Reconozco el valor de las palabras, pero finalmente solo los discursos no colaboran con la administración de justicia. Primero, el ministro de Defensa está mal informado cuando señala que la colaboración del Ejército con los hechos de Putis se concretan en que las exhumaciones se realicen en lo que fue la base militar de Putis. Eso no es cierto: se realizan en un descampado distante de lo que fue la base militar de Putis. Otra cosa que me llama la atención es que pese a que ya se ha comprobado judicialmente la existencia del destacamento Colina, hace menos de dos meses, el Ejército ha entregado una nueva información oficial diciendo que el grupo no existió. Eso me parece francamente lamentable.
¿Y de qué manera el Ministerio de Defensa entorpece las investigaciones sobre la masacre en Putis?
Primero, no entregando la información de la que dispone. La información que se le requiere es de carácter público. En el supuesto de que contra la ley se hubiera incinerado, sabemos que el Ejército es una institución jerárquica, disciplinada, con información tabulada, y hay fórmulas y mecanismos para recuperarla. Si el Ejército realmente quisiera colaborar con el proceso de justicia, estaría buscando en sus archivos la información para ponerla a disposición de las autoridades.
¿Por qué cree que el gobierno no se ha pronunciado sobre la matanza en Putis?
No entiendo la posición del Ejército y del Poder Ejecutivo. Creo que este es un hecho criminal que tiene que ser investigado, juzgado y sancionado, independientemente de quiénes sean las víctimas y los autores. Se trata de una masacre, y frente a eso no cabe más que exigir verdad y justicia. Lamentablemente antes de exigir eso, el gobierno calla en todos los idiomas.
DOBLE DISCURSO
Y también lo hacen los partidos políticos y los líderes de la oposición...
Pareciera que a la clase política no le interesan los temas de derechos humanos. Nunca han estado en las agendas de los colectivos políticos. Finalmente, hay un hecho de discriminación de las víctimas. Probablemente si los sucesos se hubieran descubierto en Lima, este hecho hubiera sido objeto no solo de solicitudes de investigación, sino de exigencias de formaciones de comisiones investigadoras.
El premier Jorge del Castillo se mostró a favor de plantear la conformación de una doble instancia en la Corte de San José. ¿Qué cree que intenta hacer el gobierno con estos anuncios?
Ahí hay un doble discurso del Estado peruano. El Estado peruano ha firmado todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y tenga la seguridad de que si mañana sale uno lo firmará. Sin embargo, aquí a nivel interno hay voces como las del vicepresidente Luis Giampietri, que ahora ha sido aceptada por el premier, en el sentido de que debe existir una doble instancia. Lo que el gobierno no toma en cuenta es que, en principio, de prosperar esta idea, cosa que va en contra de los avances de las naciones en esta materia, no podría invocarse para los casos que ya están en curso.
JORDÁN CHIVO ESPIATORIO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó un informe en el que destaca la tendencia autoritaria del gobierno. ¿Considera que el Ejecutivo ha abandonado el diálogo por un tono confrontacional?
Lamentablemente, sí. También decimos en el informe que una manifestación de esa tendencia autoritaria es el conjunto de medidas legales que criminalizan los actos de protesta que, consideramos, son propios de los conflictos sociales en cualquier país democrático.
¿Cree que el gobierno manejó bien el conflicto en Moquegua?
El gobierno tiene que aprender a prevenir los conflictos, y creo que ahí hay un problema de no identificar los problemas y llamar al diálogo a las partes involucradas. Creo que en el caso de Moquegua, producido el conflicto ha habido un manejo irregular del mismo en cuanto al tema de la represión. Considero que finalmente el general Alberto Jordán no es más que un chivo expiatorio. Aquí hay una responsabilidad que llega al propio ministro del Interior.
¿Es justo entonces que solo se sancione al general Jordán por su actuación durante el conflicto?
Creo que en principio debería haber una sanción política para el ministro del Interior y, por supuesto, esa sanción es su destitución. El presidente Alan García debería destituirlo de inmediato.
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