Por Enrique Patriau
La Republica
 “No soy peligrosa”. Es lo que se lee en el cartel que lleva esta niña durante una marcha de inmigrantes sin papeles en las calles de París para pedir su legalización al gobierno de Nicolas Sarkozy. |
Resulta más que irónico. En el punto 27 de la reciente Declaración de Lima, firmada en la Quinta Cumbre ALC-UE, se lee textualmente: "Consideramos que es fundamental asegurar el goce y la protección efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes".
Y se añade: "Sobre la base del principio de la responsabilidad compartida, desarrollaremos un enfoque comprensivo de la migración internacional". ¿Qué ocurrió entonces para que, a los días de efectuarse ese pronunciamiento principista, el Consejo de la Unión Europea (UE) haya aprobado un proyecto de ley que autoriza la expulsión de indocumentados con medidas tan severas que diversos sectores las consideran un atentado contra derechos humanos elementales?
"¿Dónde quedó el respeto que se debe tener a los acuerdos?", se pregunta Carla Tamagno, presidenta del Observatorio Andino de Migración y especialista en gestión migratoria. No le falta razón. Como precisa una nota de la BBC, con la medida adoptada por la UE los ocho millones de ilegales que viven en sus países miembros se enfrentan a la expulsión.
Lo peor del asunto, sin embargo, es que los indocumentados podrían sufrir detenciones larguísimas antes de ser enviados de vuelta a sus países de origen.
Se puede revisar la nota de prensa respectiva en el portal web de la UE (http://europa.eu/index_es.htm). Y el tema es muy preocupante. Actualmente cada nación europea maneja sus propios métodos y plazos en cuanto a detención y retorno de inmigrantes.
Lo que se busca con la denominada "Directiva de Retorno" –que falta ser refrendada en otras instancias– es homogeneizar procedimientos. 
Uno de ellos, el más polémico, es aquel que establece que el periodo de detención de un indocumentado puede alcanzar los seis meses, con la posibilidad de ser ampliado hasta los veinte meses "en circunstancias especiales". Además, reseña BBC, los expulsados no podrían volver a ningún país de la UE durante cinco años, ampliables si alguno representa una amenaza para cualquier Estado miembro.
"Los estados latinoamericanos deberían pronunciarse al respecto. Hemos buscado apoyo en la Comunidad Andina pero no hemos hallado respuesta", confiesa CarlaTamagno a DOMINGO. Su preocupación es legítima. Lo que se viene en Europa no parece ser broma.
En realidad, la posición asumida por la UE viene de alguna manera amarrada con las severas políticas migratorias adoptadas, por ejemplo, en Italia, donde gobierna una coalición conservadora, abiertamente ultraderechista y tolerante con las manifestaciones de xenofobia.
En efecto, Silvio Berlusconi, el magnate de los medios, fue reelegido para un tercer periodo, sostienen analistas, en buena medida gracias a su promesa de tomar medidas punitivas en contra de los ilegales. No se puede negar que el magnate Berlusconi ha cumplido con creces.
Ahora en Italia ser un indocumentado se ha convertido en un delito que puede significar prisión, es decir, penas que van desde los seis meses hasta los cuatro años a la sombra.
Amparado en el prejuicio del inmigrante violento, Berlusconi ha implementado un paquete legal que supuestamente vela por la seguridad del país, a pesar de que los italianos –detalla un cable de Reuters– se han dado cuenta, un poco tarde, de que esta ofensiva podría dejarlos sin los extranjeros que se ganan la vida limpiando casas y cuidando niños y ancianos. 
"Sí hay una carga de xenofobia", nos dice Tamagno, quien reconoce que son los sectores más tirados hacia la derecha los que alientan y respaldan políticas de esa naturaleza. "Con ese marco legal podemos esperar una auténtica estampida. Hemos recibido muchas llamadas de peruanos que viven en Italia que ya están pensado cómo regresar porque no van a esperar a que los encarcelen o los boten", declara.
En el caso de la Francia de Nicolas Sarkozy no se ha llegado a los extremos italianos, aunque su ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, ya ha adelantado esta semana cuáles serán las bases de las políticas migratorias que su país impulsará una vez que asuma la presidencia de la UE a partir de julio próximo: el rechazo a la regularización general y masiva de los indocumentados.
Según Tamagno, los gobiernos latinoamericanos deberían recurrir a la Declaración de Lima a fin de intentar calmar la arremetida antimigratoria y vislumbrar salidas negociadas. No obstante, si hacemos memoria recordaremos que ni Berlusconi ni Sarkozy llegaron para participar en la Quinta Cumbre.
Una ausencia sintomática que acaso revelaría que el compromiso de ambos con las naciones menos desarrolladas –de donde justamente provienen los inmigrantes ilegales– no es todo lo sólido que podría esperarse. En esa línea, un dato a tomar en cuenta es que precisamente Italia y Francia se oponen a fijar calendarios para el cumplimiento de su ayuda al desarrollo. El año pasado, el aporte de la UE registró por primera vez un descenso. 
Si bien Italia y Francia han expresado su voluntad de cumplir sus compromisos, aducen dificultades por la crisis que enfrentan.
¿Qué debe hacerse? Esa es la gran pregunta. Según Tamagno, se calcula que aproximadamente el 60% de los peruanos que viven en Italia (ver pieza aparte con las cifras totales) es ilegal. "Se trata de un gran contingente porque no ha habido desde 1998 ninguna regulación. La preocupación es tremenda.
La gente anda muy asustada afuera", declara. Y el tema se agrava porque, hasta donde Tamagno conoce, el gobierno de Alan García no ha preparado ningún plan de emergencia para recibir a los peruanos que podrían regresar expulsados, con una mano adelante y la otra atrás.
Una salida de emergencia, explica Tamagno, es que el Perú proponga una regularización de inmigrantes de carácter bilateral, apelando a las buenas relaciones con Italia. Queda por saber si Berlusconi aceptaría.
Cuando este presentó el paquete legal –que incluye 30 políticas de ‘seguridad’– afirmó que "el Estado debe garantizar a todo ciudadano el derecho a no tener miedo". Y su ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a las filas de la Liga del Norte –conocida por sus posiciones xenófobas–, declaró que "las nuevas medidas harán más fácil la expulsión (de los inmigrantes)". No es por ser pesimistas, pero la respuesta casi sale sobrando.
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