lunes, abril 20, 2009

El solapado cambio de piel de Sendero Luminoso en el VRAE


De Ejército de "FELICIANO" A Ejército de la coca. El Estado ha priorizado en el VRAE el factor terrorismo, ha subestimado el narcotráfico y no ha evaluado el tremendo déficit social.

Edmundo Cruz. La Republica

Desde el Acuerdo de Paz firmado por Abimael Guzmán durante el régimen de Alberto Fujimori (3 de octubre de 1993) hasta la fecha, los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) han experimentado una metamorfosis: se han convertido de ejército de “Feliciano” en ejército de la coca.

El proceso se remonta a 1993. Por entonces, la organización de Sendero en el VRAE cobró notoriedad, cuando su jefe Alberto Ramírez Durand, alias Feliciano, se declaró en contra del mencionado acuerdo y encabezó la corriente “Proseguir” empecinada en continuar la “guerra popular”. Estableció su cuartel general en Vizcatán y se enfrascó en una pugna interna con los partidarios de Guzmán, hasta que el 14 de julio de 1998 fue detenido.

Los seguidores de “Feliciano” pudieron el 2 de octubre de 1999 abatir un helicóptero MI-17 y matar a cinco oficiales superiores del Ejército en la selva de Satipo, pero no más. De esa fecha al 2003, a lo largo de 4 años, no se registraron acciones armadas de dicho comité principal en el VRAE, lo que comprobó su derrota.

Sucedió a “Feliciano” en el VRAE: Víctor Quispe Palomino, “José”. Esto es importante recalcar porque, como posteriormente se supo, sus hermanos, Melanio y Jorge, colaboraron con la inteligencia militar en la captura del sobreviviente del Comité Central de SL. Dieron información que permitió sacar al jefe senderista de su escondite de Vizcatán y tenderle el cerco militar policial.

En opinión del sociólogo Jaime Antezana, consultado para la elaboración de este informe, Víctor Quispe y “Alipio”, los sucesores de “Feliciano”, querían desprenderse de él. ¿Por qué razón? Luego de la derrota de SL, maquinaron el proyecto de aliarse con el narcotráfico, objetivo en el que pensaban que no iban a contar con la aprobación de “Feliciano”.

El proyecto de Víctor Quispe suponía no solo el trato con las “firmas” sino la aceptación de las poblaciones del VRAE dedicadas al sembrío de coca para el mercado de la droga. He ahí el problema.

Las poblaciones del VRAE habían enfrentado y derrotado en el campo al grupo terrorista, primero organizadas en Decas, luego en comités de autodefensa y finalmente como rondas campesinas, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Sendero era para esas comunidades el enemigo número uno. Superar este escollo no era fácil, pero no cejaron en el intento.

Protección a los mochileros

Este fue el primer paso. Lo emprendieron en el 2000. Cada mes eran asesinados en las rutas de la droga de 5 a 7 jóvenes que se alquilaban para el transporte de PBC a los ‘laboratorios’. SL asumió la protección.

Al mismo tiempo empezaron a difundir un nuevo mensaje: no vamos a matar campesinos, ni autoridades, ni población civil. Invitaban a las comunidades pobres de las alturas a bajar al VRAE a sembrar coca. Y cuando arreció la erradicación de cultivos, les aseguraron que ellos los defenderían. Proliferaron las incursiones pacíficas para abastecerse de víveres, pero ya no por la fuerza sino que comenzaron a pagar altos precios y en dólares. Inclusive se jugaban su “pichanguita” con los comuneros.

Pero su pasado los condenaba y la población seguía desconfiando de ellos. Así que afilaron su deslinde con Guzmán y “Feliciano”. Los responsabilizaron de tantas muertes anteriores. Y por si fuera poco llegaron a pedir que el Estado que los tenía presos se los entregara para fusilarlos.

El mensaje a las transnacionales que operaban en la zona no tardó. En junio de 2003 incursionaron en el campamento de Techint, contratista argentina a cargo de un tramo del gasoducto de Camisea. Secuestraron a 71 trabajadores, por supuesto no los mataron, los trataron bien y los liberaron sin un rasguño. SL niega haber cobrado recompensa, pero hay versiones contraria. Al final dejaron este mensaje: “Señores empresarios, el partido no va a sabotear este proyecto porque es un proyecto de desarrollo que beneficia al pueblo peruano”. ¿Es posible imaginar un trato semejante con el Sendero de los ochenta?

Antezana ha obtenido evidencias de que en el segundo semestre del 2004, Sendero empezó a hacer producir sus propias hectáreas de coca, para el año pasado se estimaron 146 hectáreas, en Vizcatán, Boca del Mantaro. Además de los cocales, los vuelos antidrogas detectaron y destruyeron pozos de maceración en las zonas controladas por Sendero.

EL CRECIMIENTO

Las labores de protección y producción en que se embarcó Sendero suponen una organización diferente a la tradicional, sobre todo mayor por la mano de obra. Cada hectárea de cultivo exige por lo menos un hombre y cada poza de maceración, de 4 a 5 operadores.

La proliferación de rutas para poder transportar una producción de clorhidrato de cocaína para la exportación, que en los últimos años aumentó de 190 a 290 toneladas, también exige mayor personal de protección.

Sendero sí ha crecido, pero fundamentalmente lo ha hecho por las necesidades de la organización mafiosa de la droga, no por su discurso político. Los 150 efectivos armados que se reconocían después de la captura de “Feliciano” subieron a 350 y hace poco el ministro de Defensa habló de 600 cuadros.

A partir del 2006, SL del VRAE ha difundido una serie de documentos en los que repite los planteamientos clásicos con algunas modificaciones ya señaladas, más otras novedades como la crítica a la política de alianzas que excluía a la burguesía nacional por la que inculpan a Guzmán. Tal difusión se ha registrado después del crecimiento de Sendero, no antes. Lo que abre la hipótesis de que tal prédica sea artificiosa con el fin de esconder a la población su colusión con el narcotráfico.

La violencia retornó el 2005: 5 atentados. El 2006 aumentaron a 8, todos relacionados con el control de las rutas de la droga. El 2008 subieron a 38. El Estado ha dejado que la situación del VRAE se agrave, la ha mirado como un problema de terrorismo y no de narcotráfico, menos ha evaluado el déficit social. No ha dado en el blanco. La República, edición impresa.


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