(1) Exhumaciones de cadáveres que dejó la violencia terrorista reabren viejas heridas en gran parte de la población peruana. (2) Baraybar reconoce deficiencia en labores de reconocimiento. (3) Miles de familiares aún pugnan por los restos de sus seres queridos. (4) Escena común en los aciagos años del terrorismo.
DATO
Congreso forense
Del 31 de marzo al 4 de abril, el EPAF realizará el IV Congreso Latinoamericano de Antropología Forense. El evento convocará a expertos internacionales en el tema y se llevará a cabo en la Casona de San Marcos. El tema será “La Antropología Forense y la búsqueda de los desaparecidos en el contexto latinoamericano”.
Para especialista forense, el gobierno no aprendió nada de los años en que las desapariciones venían del terrorismo y el Estado. Por ello debería dar un paso al costado.
Las desapariciones en el Perú marcaron los años de horror del terrorismo, pero siguieron luego, cuando ya se pensaba que vivíamos “épocas de paz”. Según el experto forense José Pablo Baraybar, presidente del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), el Estado peruano aún no aprende la lección. Aunque los informes señalan 8 mil desaparecidos, para él la cifra pasa los 13 mil, que implican 13 mil familias con una herida que nunca podrá cerrar.
Para el forense José Pablo Baraybar, las personas que tiene un familiar desaparecido siempre vivirán el dolor de saber qué pasó, qué sucedió, dónde está. Y la ciega esperanza de si estará con vida o no. Respuestas que profesionales, como él, tratan de hallar con su trabajo.
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) existen 8,558 desaparecidos. Sin embargo, para Baraybar, presidente del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), existen más de 13 mil cuerpos que hasta la fecha no han sido hallados. “A esto hay que agregar la nueva lista que señala la existencia de 1,200 casos nuevos, según las investigaciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo”, refirió.
El Instituto de Medicina Legal (IML) precisa que de los 50 casos de cuerpos exhumados hasta hoy, sólo el 53% de estos han sido identificados. Para el presidente del EPAF, aún existe mucho trabajo por hacer en materia de las personas desaparecidas, pues el problema va más allá de la búsqueda de cuerpos. En realidad, la desaparición forzada “es un crimen que no se acaba nunca. La familia sufre siempre porque les queda la duda de si estará vivo, o el deseo de darle sepultura a los restos”.
Desde 1980 hasta el 2007, las desapariciones en el Perú han ocurrido por obra y gracia del Estado, aunque también han participado personas desvinculadas a éste, como es el caso de las fuerzas paramilitares, los ronderos y –lógicamente– los terroristas.
De acuerdo a la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las desapariciones forzosas son una prerrogativa de los Estados militarizados o de facto. “El Estado es el que desaparece a la gente, aunque en las últimas décadas esta definición se ha ampliado a personas que no tienen nada que ver con el Estado, como es el caso de las FARC”, apunta Baraybar.
Ahora, más de 25 años después de la cruda experiencia por la que pasó nuestro país, el experto forense afirma que no hemos aprendido nada. Que los sucesivos gobiernos no han aprendido nada.
Faltan políticas
“Existe gente que por más de 25 años ha intentado saber el paradero de su hermano, de su esposo, de su padre, si está vivo o muerto, pero nada se hace por avanzar en las investigaciones. Existe mucha incertidumbre entre los familiares de los desaparecidos”, anota.
La opinión del antropólogo es que “no hay una política de Estado destinada exclusivamente al tema de las desapariciones forzosas”.
En las investigaciones de los casos de los desaparecidos aún falta mucho por hacer. Por ello, “el Estado debe dar un paso al costado y permitir que otras personas puedan responsabilizarse en las investigaciones”, recomendó.
Y en el esclarecimiento de los hechos, la antropología forense sirve para documentar la ocurrencia de crímenes y violación de derechos humanos. “Los resultados de las investigaciones de la antropología forense son incontrovertibles. Somos capaces, en base a esta materia, de poder reconstruir lo que sucedió años atrás. Tenemos un papel muy importante en la explicación de crímenes”, manifestó.
Para terminar, el experto forense consideró que la única forma de indemnizar a las familias es haciendo realidad la devolución de los cuerpos a sus parientes. “Que la gente sepa dónde está su muerto. No se trata de dar una indemnización material ni de dar reparaciones porque al final uno repara cuando devuelve lo robado”, añade.
Caso La Cantuta
El caso más representativo de las desapariciones forzosas en el Perú es el ocurrido en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, donde un profesor y nueve estudiantes universitarios fueron secuestrados y ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Sobre este caso, Baraybar comentó que “la experiencia de trabajar en las investigaciones de La Cantuta fue muy impresionante. Sin embargo, los restos encontrados no representan a la cantidad de personas que desaparecieron”.
“Lo que sí existió es una recuperación deficiente. En realidad, lo que existe es un problema de recuperación de restos. Puede ser que exista una manipulación de los cuerpos, esto sólo es una posibilidad, es sólo una suposición, no se puede afirmar nada”, explicó Baraybar.
Los militares y las desapariciones
El Perú no es el único país en América Latina donde han ocurrido casos de desapariciones forzosas. Durante el siglo XX, éstas han sido características saltantes de los regímenes dictatoriales de los países latinoamericanos. En este continente han sido 14 los países que han vivido cruentas épocas de violencia social y política, en los que también se registraron miles de desaparecidos. Entre estos países se encuentran además Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Costa Rica, Haití, Nicaragua, El Salvador, entre otros.
De otro lado, ante la presencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Baraybar indicó que “esto creó una suerte de callo en la opinión pública, que la hizo resistente a las escenas de violencia social”.
Debido a la violencia que se vivió por parte de los terroristas y también de los militares, la opinión pública se volvió mucho más resistente a ver las injusticias cometidas, los crímenes contra la gente indefensa, contra las comunidades. “La mayoría de las víctimas fueron personas de origen indígena. Hay mucha indolencia por parte de la sociedad peruana para este problema que nos afectó”, opinó.
Juicio a Fujimori
“Esperemos que el juicio abra más puertas y que no las cierre. El juicio debe ser un precedente para otros casos que deban ser juzgados. El Estado debe aplicar la misma justicia que ha creado, en caso de tener que aplicarla a sí mismo”, acotó.
Patricia Chumo
Redacción
La Primera Perù
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