El macarthismo peruano. El antichavismo delirante - Alberto Adrianzén M.

Disidencias.

Alberto Adrianzén M. (*)

El Perú debe ser el único país de la región donde el antichavismo alcanza niveles delirantes. El Congreso, luego de una votación que sorprende a propios y extraños, aprobó por unanimidad investigar por tercera vez a las llamadas Casas del Alba. Los responsables principales –porque en verdad todos los que votaron son responsables– son el fujimorismo, la derecha, algunos medios y el propio gobierno que han creado un clima de histeria macarthista. Sólo les faltó establecer, porque a eso nos encaminamos, un Comité de Actividades Antiperuanas, similar al que creó el senador norteamericano Joseph McCarthy en su país.

Personalmente no comparto las ideas de los llamados Círculos Bolivarianos, tampoco las de la Coordinara Continental Bolivariana y me siento lejano de aquellos que promueven las Casas del Alba. Incluso estoy de acuerdo con el pedido de formalización que acaba de hacer nuestra Cancillería sobre la ayuda venezolana al país. Sin embargo, ese no es el problema principal. Lo que hoy viene sucediendo es una campaña abiertamente macarthista que busca vincular a todos los opositores con el chavismo –y si es posible con el senderismo o con el MRTA– para así meter miedo a la población, justificar una represión política e ideológica y suprimir a futuros adversarios en las próximas elecciones.

No es extraño que en medio de este aquelarre autoritario el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, acabe proponiendo una nueva legislación para prevenir lo que llama "contrabando ideológico". Es decir, una suerte de versión política de lo que son los ataques preventivos de la famosa Doctrina Bush. Me recuerda aquella película de ciencia ficción de Steve Spielberg, "Minority Report", que trata de un detective en el futuro que, usando la tecnología de su tiempo, arresta a los futuros asesinos antes de que cometan sus crímenes.

En este país, palabras como "intervención ideológica", dicha por el propio presidente García; "contrabando ideológico", "infiltración ideológica" y hasta "asistencia (o asesoría) ideológica", concepto que podría ser presentado a un campeonato mundial de la idiotez política, son hoy día expresadas sin ningún problema y sin ningún rubor. Lo curioso, por no decir lo trágico, es que los promotores de este clima son un partido que hoy repite los mismos argumentos de sus antiguos verdugos y un grupo de parlamentarios defensores del régimen más corrupto de nuestra historia.

Asistimos, pues, a la instalación de un macarthismo criollo en el país. Las razones no sólo están vinculadas a la existencia de una protesta social aún dispersa y fragmentada sino también a que el Perú es el último reducto del pensamiento neoliberal en la región. Somos algo así como el nuevo Real Felipe, en tiempos de la globalización, del pensamiento único.

En Chile, hace algunos días, retornó a su país un grupo de jóvenes comunistas que había asistido al encuentro bolivariano en Ecuador y que se habían reunido con el que fuera hasta poco el número dos de las FARC, "Raúl Reyes". Sin embargo a nadie, menos al gobierno, se le ocurrió pedir su detención.

Por eso, lo que defendemos no es solo el derecho de opinión y de expresión de aquellos que se sienten identificados con Hugo Chávez sino también el de todos los peruanos. En el Perú no es delito tener una ideología. Si los seguidores del chavismo, o de cualquier otro grupo, cometen un delito, como intentar organizar un "brazo armado" –como se ha denunciado– le corresponde a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y no al Congreso como hoy se pretende, investigarlos, reprimirlos y sancionarlos de ser el caso.

De otro lado, esta campaña es tan burda que se cometen una serie de delitos y nadie protesta. Hace unos días un conocido diario publicó un extenso informe sobre las supuestas actividades de los Círculos Bolivarianos y en el cual fueron divulgados correos electrónicos privados pertenecientes a uno de los miembros de estos círculos. Preguntamos: ¿Existe una orden judicial que haya autorizado este espionaje? Todo indica que no. Y si no existe, cómo es posible que se publique un material obtenido ilegalmente. Incluso se dice que no fueron los servicios de inteligencia los que realizaron esta actividad sino más bien una empresa privada especializada en seguridad.

Lo que hoy vivimos es grave, tan grave que pone en riesgo a la democracia peruana. Por eso no decir nada o mirar de costado es lo peor que podemos hacer.

(*) www.albertoadrianzen.org
fuente: La Republica Perù