Subdirector Diario La Republica
La mañana del martes 20, horas después del desalojo en el santuario histórico del Bosque de Pómac, con el trágico saldo de dos policías muertos, las congresistas Luisa María Cuculiza y Lourdes Alcorta la emprendieron contra las organizaciones de derechos humanos, las ONG, etc. Por momentos parecía que los responsables del luctuoso hecho --directos e indirectos-- no eran los cobardes autores de los disparos contra los efectivos ni la incompetencia de los mandos policiales, sino las instituciones que protegen a las víctimas de los abusos del Estado o de las autoridades.
En el caso de la Cuculiza la explicación tiene un trasfondo de venganza: son las organizaciones de los DDHH y de la sociedad civil los que respaldaron y llevaron adelante las denuncias por crímenes de lesa humanidad (matanzas de Barrios Altos, La Cantuta, el Santa, etc.) contra el gobierno de la mafia fujimorista. Y son los dirigentes de dichas instituciones los que batallaron en los últimos años, junto a los familiares de las víctimas del criminal grupo paramilitar Colina, para que el ex dictador Alberto Fujimori esté sentado en el banquillo de los acusados. Hoy, el ex procurador anticorrupción y actual secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, es uno de los acusadores en el proceso que se le sigue en el local de la DINOES al ex dictador.
Es evidente que los fujimoristas jamás podrán olvidar estos hechos. Si retornaran al poder --que esperamos nunca ocurra-- montarían, con toda seguridad, una farsa de denuncia para llevar a la cárcel a los directivos de las ONG vinculadas a los DDHH.
De Lourdes Alcorta se puede esperar cualquier exabrupto. Si Lourdes Flores intenta instalar al PPC en el centro, pensando en las elecciones del 2011, Alcorta se empecina en aparecer, cada vez con mayor agrado, a la derecha de su lideresa.
A lo largo de los últimos años se ha buscado presentar a las organizaciones de los DDHH como “enemigas” de policías y militares. Los hechos, sin embargo, desmienten estas acusaciones. La Coordinadora ha emitido decenas de pronunciamientos condenando las agresiones contra policías y militares, como lo acaba de hacer con lo ocurrido en Pómac. En el texto, la CNDDHH expresa además su preocupación por “el incremento de agresiones a los efectivos policiales que se vienen produciendo en los últimos meses, agresiones que incluyen atentados contra la vida, toma de policías como rehenes y ataques a comisarías”.
La Coordinadora se ha pronunciado solidariamente con los soldados que combaten al narcoterrorismo en el VRAE. Ha dirigido comunicaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Defensa y a otras instituciones del sector ofreciendo su apoyo. No se ha hecho público, pero sabemos que ofreció a la dirección del Hospital Militar ayuda para los soldados heridos, incluso traer a sus familiares a Lima. Este ofrecimiento lo ha reiterado la CNDDHH en la visita que hizo a los soldados que se restablecen en el HM tras ser heridos en combate. Una visita que la Coordinadora ha preferido mantener en el anonimato, a diferencia de la publicidad con la que gustan rodearse los congresistas que continuamente buscan prensa para denigrar a los defensores de DDHH atacándolos de los hechos más absurdos y ridículos.
En el caso de Pómac, la Coordinadora ha ofrecido su servicio a los familiares de los dos policías asesinados por francotiradores contratados por la mafia que promueve la invasión del santuario de Pómac desde 1992. Así como se exige a la Policía respetar los DDHH en sus intervenciones, así también hay que demandar, con toda energía, que este crimen no quede impune. Por lo que conocemos, los deudos del policía Fernando Hidalgo han acudido a la CNDDHH y han obtenido en respuesta el compromiso de sus directivos de apoyarlos en todas las gestiones que emprendan. En buena hora: Ronald Gamarra, directivo de la Coordinadora, es hijo de policía y conoce los problemas y las necesidades que enfrenta la familia policial y militar. Hasta el próximo domingo.
Dom, 25/01/2009
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