LIMA (AFP) - El sistema judicial peruano no ofrece una adecuada protección a los menores abusados sexualmente debido a la excesiva carga procesal, insensibilidad, corrupción y falta de capacitación, señala un informe de la Defensoría del Pueblo sobre deficiencias en la aplicación de justicia.
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El documento "La aplicación de la justicia penal ante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes", en base a 215 casos judiciales, asegura que los menores en Perú son la población más vulnerable, que no solo necesita protección de la familia sino, principalmente, del Estado.
"El sistema judicial en su conjunto y la policía no ofrece una eficaz protección a las víctimas", aseguró a la AFP Jorge Valencia, defensor adjunto para la Niñez y la Adolescencia.
La investigación, elaborada en base de 215 casos de 82 juzgados en el país, cuyos procesos comenzaron entre 2002 y 2004 y están culminados, arrojó que a pesar de que el 58% de los inculpados se encontraba en libertad, solo el 1,4% de los menores afectados recibió protección policial.
"En ninguno de los 215 casos revisados se mantuvo en reserva la identidad de la víctima sexual. En todos los casos la identidad fue revelada por la Policía, la Fiscalía o el Poder Judicial", dijo Valencia.
La falta de protección y la revelación de la identidad permite que el menor o el testigo sea amenazado por el agresor o familiares del agresor, o sea acechado por inescrupuloso y molestado en colegio, lo cual trae como consecuencia que por temor se nieguen a declarar o asistir al proceso, agregó.
Otra de las deficiencias señalada por la Defensoría es la falta de tratamiento psicológico para las víctimas para que se recuperen del trauma vivido.
Valencia, en ese sentido, invocó a las ONGs que defienden al menor a que integren a las víctimas en programas psicológicos, sociales y hasta económicos.
Además, el 90% de las víctimas no cuentan con asesoría legal, ni particular, ni de oficio.
El informe señala que en los 215 casos, 156 agresores salieron en libertad por falta de pruebas, presunción de inocencia, o porque el menor no se presentó, entre otras razones.
En 25 casos, el agresor recibió sentencia mínima legal, es decir menos de cuatro años, por lo que salió en libertad acatando normas como acudir cada mes a firmar un libro en el Poder Judicial, y tener buen comportamiento. En el resto de los casos las condenas estuvieron por encima de los cinco años.
Sin embargo, Valencia dijo que llamó la atención que, en los casos con sentencia, la reparación civil a favor del menor fue "irrisoria": en seis casos fue de 1.300 dólares, en más del 50% no superó los 300 dólares, y en el resto fue por debajo de los 500 dólares.
"Esas cantidades son irrisorias, porque las víctimas requieren no solo solventar los gastos que supone su atención en salud tras las lesiones corporales (y la) crisis emocional, sino el daño moral, el sufrimiento prolongado a raíz de la violación y, también, su proyecto de vida, el cual se ve truncado por la agresión sexual sufrida", dijo.
La Defensoría denuncia que la Policía hace preguntas impertinentes "que agreden al menor", como qué tipo o color de ropa interior llevaba el agresor o si la víctima opuso resistencia durante la agresión sexual.
Valencia aseguró que la Defensoría entregó una serie de recomendaciones al Congreso, al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Policía para que enmienden las deficiencias y espera que en un plazo de 60 días esas instituciones presenten los primeros avances.
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